Causa $Libra: Javier Milei y su hermana en el informe final, y en el centro de una gran polémica

La comisión investigadora de la criptomoneda $Libra, el primer escándalo de magnitud que salpicó al gobierno de La Libertad Avanza, presentará este martes en la Cámara de Diputados un informe con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses. El documento incluirá "consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso”.

El informe se conocerá durante la actividad que tendrá lugar desde las 16 en la Sala 1 del Anexo A. “Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, publicó el presidente del cuerpo, Maximiliano Ferraro.

La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar la presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $Libra, operatoria que generó pérdidas millonarias para miles de usuarios que adquirieron activos digitales a partir de un posteo del presidente Javier Milei en sus redes sociales.

Tras el escándalo, el Poder Ejecutivo y el oficialismo en general negaron la posibilidad de que hubiera una estafa tratándose de una “memecoin”, tomaron distancia de las acusaciones y buscaron obstruir la creación de la comisión, al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento. No obstante, la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, y Roberto Silva, para que brindaran declaración indagatoria se negaron a concurrir.

Sólo asistió el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien negó todos los cargos, insistiendo en que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados” a “Viva La Libertad Project”.

Así como provocó malestar la falta de voluntad del gobierno en aportar testimonios, también hubo decepción con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que les negó a los diputados el acceso al expediente judicial y tampoco autorizó llevar a los funcionarios del Ejecutivo a declarar por la fuerza pública.