José Luis Fabris: “Si los políticos son honestos, no deberían temer ser juzgados por la gente”

El especialista en derecho penal tributario nacional e internacional, sobrino de Ítalo Luder y actual candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, José Luis Fabris, fue uno de los impulsores de la causa que permitió al Estado recuperar el astillero Tandanor, un fallo emblemático en defensa del patrimonio público.

A menos de un mes de las elecciones del 26 de octubre, en diálogo con Diario Bonaerense, ya con el traje de candidato, comentó sus propuestas: “Llevar gente honesta” al Congreso, promover el juicio por jurados en casos de corrupción y construir consensos políticos que permitan instalar un modelo de desarrollo productivo para el país.

Diario Bonaerense (DB): ¿De qué trata el proyecto de juicio por jurados en casos de corrupción de Estado?
José Luis Fabris (JLF): El artículo 36 de la Constitución, poco conocido, establece tres delitos imprescriptibles: golpe de Estado, la suma del poder público y el enriquecimiento ilícito, vinculado a la corrupción. Los dos primeros ya están superados tras 40 años de democracia, pero queda pendiente la corrupción. La Justicia ya dictó dos fallos: uno en la Cámara Federal de La Plata que declaró imprescriptibles los delitos contra el Estado, y otro en Casación, firmado por el juez Hornos, que afirmó que “los delitos contra el Estado que conllevan corrupción son indescriptibles”. Con Proyecto Sur, cuando sumamos a Ricardo Alfonsín, llegamos a la conclusión de que esos artículos son operativos y que la Justicia debe aplicarlos. Por eso planteamos una ley que disponga que todos los juicios donde funcionarios públicos estén acusados sean juzgados por jurados. Nadie confía en los jueces, sólo en los políticos que los nombran.

DB: ¿Por qué considera importante que los casos de corrupción estatal sean juzgados por jurados ciudadanos?
JLF: Así como el pueblo elige a sus representantes, también debe juzgarlos. En la actualidad, los políticos acusados de corrupción suelen terminar absueltos, lo que genera desprestigio en la Justicia. En países como Estados Unidos y en Europa, los jurados juzgan también esos delitos. No hace falta ser juez para juzgar.

DB: ¿Qué significado tuvo, desde lo legal y lo público, la recuperación de Tandanor?
JLF: La Corte Suprema reconoció que la acción civil no estaba prescripta. Denunciamos que la privatización de Carlos Menem fue fraudulenta: se entregó un astillero de 9 hectáreas en una zona clave de Puerto Madero y la empresa lo destinó a negocios inmobiliarios. Con el fallo, el Estado recuperó un terreno multimillonario que estaba en manos de Puerto Retiro.

DB: ¿Puede servir este caso como modelo para futuras recuperaciones?
JLF: Sí. El ejemplo más claro es el de la Rural, donde ya hay condenas. La propiedad debe devolverse al Estado, pero lo tramitan por vía administrativa y demorará años. Con voluntad política, con un decreto del Ejecutivo de turno, se puede resolver mucho antes. En Tandanor el reclamo asciende a mil millones de dólares, que deberá pagar el Banco Holandes involucrado junto a los responsables.

DB: ¿Qué avances hubo en la causa por lavado de dinero vinculada a Tandanor?
JLF: Se demostró, el mes pasado (septiembre) que los responsables alquilaron ilegalmente el terreno, cobrando 900 mil dólares. Denunciamos lavado, pero un fallo reciente –apelado- sostuvo que al usarse para gastos ordinarios de la empresa no es delito. Es decir, dinero ilícito blanqueado. Eso es gravísimo.

DB: ¿Qué mecanismos de control deberían implementarse para que estas recuperaciones beneficien al interés público?
JLF: Juicio por jurados y una profunda reforma judicial. Hoy un juicio contra el Estado demora más de veinte años. El 90% de la población desconfía de la Justicia. Si los políticos son honestos, no deberían preocuparse de ser juzgados por la gente.

DB: ¿Qué propuestas llevará Proyecto Sur al Congreso?
JLF: Nadie habla de corrupción. Nosotros sí. El pueblo debe saber que no todos los políticos somos iguales. Yo trabajé en causas como Río Tercero, donde nos apartaron por pedir medidas que podían demostrar quién puso la bomba. Es difícil, pero la única batalla perdida es la que se abandona.

DB: ¿Cómo se posicionan en un escenario político tan polarizado?
JLF: La gente debe rescatar valores. Alfonsín padre fue honesto: no aceptó privilegios ni doble sueldo. Necesitamos volver a tener políticos así. Yo vengo del peronismo, soy sobrino de Luder, y hoy trabajo junto a Alfonsín. Nos une la honestidad.

DB: ¿Qué reformas son urgentes para combatir la corrupción?
JLF: Una Justicia independiente y honesta. Hoy vemos casos como Vicentin: el Estado fue estafado y no se recupera nada. Argentina debe elegir entre capitalismo financiero o industrial. Abrimos importaciones y dejamos de producir. Los jóvenes emigran, solo en BUzios hay 17 mil jóvenes argentinos. Gobernar no es hacer negocios, es dar trabajo.

DB: ¿Cómo evalúa la coyuntura económica y qué propone?
JLF: Hay que acordar un modelo de desarrollo industrial y dejar de lado la especulación financiera. El país produce mucho, pero se fugan divisas. La canalización del río Bermejo está en el Congreso hace años. El 40% de la población no tiene gas natural. Son deudas de la democracia. Con corrupción nadie invertirá en Argentina.

DB: ¿Qué impacto tienen los casos recientes de corrupción en el Gobierno?
JLF: Luis Caputo fue echado del FMI por mal manejo. Tenemos la deuda de (Domingo) Cavallo, más los 45 mil millones de Caputo, más la que acumula este Gobierno. Todo esto es una mentira ¿Para qué? ¿Para qué se mueran discapacitados, cerrar el Garraham, que cuento es ese? ¿Quién puede venir a un país donde el presidente se pelee con todos los sectores? Debemos derogar la ley de entidades financieras de la dictadura y acordar un nuevo marco laboral para que las pymes puedan sobrevivir.