Comunicado del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

En un nuevo capítulo del proyecto libertario de despojo y saqueo, los últimos anuncios y decretos del Gobierno de Javier Milei representan, en los hechos, un cierre encubierto del Instituto Nacional del Teatro (INT), de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), de la Comisión Nacional de Monumentos y de diversos institutos de investigación histórica. A través de una drástica reducción y vaciamiento de funciones, se los relega a estructuras obsoletas, sin capacidad operativa ni decisión política.

Utilizando un resquicio legal de la llamada Ley Bases —que prohíbe eliminar organismos culturales, pero habilita su fusión o modificación— se abre el camino para que todos los entes de fomento cultural puedan correr la misma suerte. El INCAA, el INAMu y el Fondo Nacional de las Artes ya están en la mira como próximas víctimas.

El caso del Instituto Nacional del Teatro es paradigmático: se elimina su Consejo de Dirección, un órgano clave integrado por representantes de todas las regiones y sectores teatrales del país, y se lo degrada a una mera “unidad organizativa” dentro de una secretaría. La sanción de la Ley 24.800 (Ley Nacional del Teatro) y la creación del INT fueron conquistas históricas que garantizaron el crecimiento de salas teatrales autogestivas y una política pública federal, participativa y sostenida. En casi tres décadas, el INT otorgó subsidios fundamentales para infraestructura, programación y funcionamiento del teatro independiente.

La CONABIP, con 155 años de historia, construyó una red ejemplar de bibliotecas populares en articulación entre el Estado y la sociedad civil, modelo en América Latina. Estas bibliotecas promueven la lectura, la participación comunitaria y la construcción de pensamiento crítico. Su vaciamiento atenta contra pilares fundamentales de la democracia y la inclusión.

Lo mismo ocurre con los institutos de investigación histórica, como los dedicados a Juan Domingo Perón, Eva Perón, Juan Manuel de Rosas, San Martín, Yrigoyen, Brown, Newbery y Belgrano, cuyos presidentes y comisiones trabajan ad honorem, desmintiendo cualquier argumento de “alto costo” para justificar su cierre.

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, vital para la custodia del patrimonio cultural, también está en riesgo. Esta ofensiva genera además una situación de empleados sin funciones y bienes públicos expuestos a ser rematados o malvendidos, lo que suma daño a una ya crítica situación.

Una vez más, se utilizan falacias económicas para encubrir un proyecto político que sólo es posible debilitando la resistencia, la memoria y la identidad de nuestro pueblo.