Florencia Alamos
La subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud de la provincia de Buenos Aires, Julieta Calmels, advirtió este lunes sobre el aumento de los padecimientos en salud mental en los últimos años y precisó que tres de cada diez personas en Argentina manifiestan malestar psicológico.
Durante una conferencia de prensa en La Plata, Calmels citó datos recientes de investigaciones de la Universidad Católica Argentina (UCA) y repasó los avances logrados por la Provincia en materia de salud mental. Recordó que en 2022 se elaboró el Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027, un proyecto “ambicioso” que busca transformar el modelo de atención y ampliar los dispositivos comunitarios.
La funcionaria destacó que “el sistema de salud mental de la Provincia viene creciendo sostenidamente” y detalló que actualmente existen 211 dispositivos de base comunitaria, con la creación de 32 nuevos centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos. También mencionó la incorporación de más de 1.000 trabajadores especializados, la ampliación de salas hospitalarias y un incremento del 1033% en la cobertura para la adquisición de psicofármacos.
Calmels subrayó que por primera vez en décadas la Provincia desarrolla, invierte y construye centros de salud mental propios, algo que “no ocurría desde la edificación de los grandes manicomios a comienzos del siglo pasado”. Entre los nuevos dispositivos, mencionó la residencia para adolescentes con consumos problemáticos en La Plata, “un espacio inédito en el sistema público bonaerense”.
La subsecretaria enmarcó estos avances en el contexto económico y señaló que la crisis también impacta en la salud mental de la población. “Cuando se deterioran las condiciones de vida, aumentan los padecimientos psíquicos. Por eso, la inversión pública en salud mental es una prioridad, no un gasto”, remarcó.
Acompañada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, Calmels coincidió en que “el cuidado de la salud mental requiere políticas integrales que protejan el trabajo, la educación y los vínculos comunitarios, porque son ellos los que sostienen la vida cotidiana de las personas”.
