Violenta represión en la marcha de jubilados

Este miércoles, una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, que exigía mejoras en las pensiones, culminó en una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad. La protesta, que contó con el apoyo de sindicatos, partidos de izquierda y aficionados de diversos clubes de fútbol, ​​dejó un saldo de al menos 114 detenidos y 45 heridos.

Actualidad13 de marzo de 2025María Emilia FaildeMaría Emilia Failde

Entre los heridos se encuentra el fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo al ser impactado por una granada de gas lacrimógeno disparada por la policía. Grillo fue intervenido quirúrgicamente y permanece en estado grave.

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Testigos y videos difundidos en redes sociales evidenciaron casos de violencia excesiva por parte de las fuerzas de seguridad. Uno de los incidentes más conmocionantes fue la agresión a una jubilada, quien recibió un golpe con un bastón policial, cayendo al suelo y requiriendo asistencia médica inmediata.

Además, se registraron actos de vandalismo, como la quema de dos patrulleros de la Policía de la Ciudad y la destrucción de mobiliario urbano. Aunque las autoridades señalan a grupos de barrabravas como responsables, varias versiones indican la presencia de infiltrados dentro de la protesta. Un video difundido por C5N mostró a un efectivo de la Policía Federal dejando caer su arma reglamentaria en plena Plaza de los Dos Congresos y alejándola con una patada, lo que generó sospechas sobre posibles intentos de incriminar a manifestantes.

Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición condenaron la represión y exigieron la liberación de los detenidos, así como una investigación exhaustiva sobre el uso desmedido de la fuerza por parte de las autoridades. Durante la noche, la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de los detenidos.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el accionar policial al afirmar que los manifestantes “fueron preparados para matar” y que los detenidos podrían enfrentar hasta 20 años de prisión bajo una nueva ley antimafia impulsada por el gobierno. Estas declaraciones fueron duramente cuestionadas por referentes de la oposición y organismos de derechos humanos, que acusaron a la ministra de criminalizar la protesta social.

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La jornada culminó con cacerolazos en distintos barrios de la capital en señal de protesta contra la violencia institucional y en apoyo a los jubilados afectados. Además, de manera espontánea, cientos de personas se movilizaron nuevamente hacia el Congreso durante la noche para repudiar la represión y exigir respuestas al gobierno.

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