El Presidente Javier Milei avanzó con el freno puesto y pasó a disposición a 367 trabajadores

Pese al freno del Senado, el gobierno de Javier Milei pasó a disposición a 367 trabajadores del INTA, y saltó una diputada K: es "ilegal", dijo y una exfuncionaria y abogada le aclaró: "es improcedente y jurídicamente nula".

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Por gran mayoría, la oposición en la Cámara Alta dejó firme el rechazo que ya se había expresado en Diputados contra el decreto que dispuso la transformación del INTA. Poco antes, un juzgado de Buenos Aires dio lugar a un amparo impulsado por el gremio APINTA en contra de los cambios. Así y todo, esta mañana el Gobierno de Javier Milei avanzó igual y pasó a disposición a 367 trabajadores del INTA, INASE e INV.

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El decreto 462/2025, que fue firmado por el mandatario pero impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, establecía la degradación de organismos clave para la investigación agropecuaria, como el INTA, el INTI, el Instituto de Agricultura Familiar y el INV, y a la vez la disolución de otras instituciones estratégicas, como el INASE y ARRICAME.
 
Ese plan de ajuste iniciado hace ya algunas semanas fue frenado ayer en el Senado, que, con 60 votos negativos, 9 afirmativos y 2 abstenciones, completó el rechazo al decreto que ya había impulsado la Cámara de Diputados días atrás.

Con el rechazo legislativo firme, el proceso de desregulación vuelve a fojas cero, y el gobierno se supone que debe dar marcha atrás con la avanzada que dio sobre estos organismos descentralizados, a los que quitó funciones y autarquía, redujo financiamiento o, directamente, disolvió. Además, deja sin efecto a los decretos subsiguientes que se dictaron tomando al 462/2025 como base.
 
Eso significa que, por ejemplo, hasta que no haya nuevos cambios por parte del gobierno, el INTA volverá a tener su Concejo Directivo compuesto por representantes del ruralismo y las universidades; que se frenará la venta de sus tierras y que, entre otros proyectos, no se avanzará con los recortes de personal.

También significa que otros organismos clave, como el Instituto Nacional de Semillas (INASE) o la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARRICAME) no desaparecerán. Al menos, no mediante este decreto en particular, que ya había sido frenado en parte por la justicia federal y que hoy fue disuelto en su totalidad.

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