Florencia Alamos
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó este lunes que, junto a su equipo, evalúa presentar una denuncia penal por el supuesto espionaje de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado sobre dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y otros sectores. El anuncio surge tras la publicación de un informe periodístico que reveló maniobras de inteligencia dirigidas a referentes de diversos espacios políticos.
"A la asfixia económica se suma la persecución política. A raíz de un informe periodístico publicado en los últimos días estamos evaluando presentar una denuncia penal por el supuesto espionaje de la Secretaría de Inteligencia del Estado sobre dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y otros sectores, en una clara violación a la ley de Inteligencia Nacional", dijo este lunes el gobernador en su cuenta de la red social X. En esa línea, agregó: "No vamos a permitir que estas prácticas se instalen como forma de gobernar la Argentina".
La información fue revelada este fin de semana por el periodista Hugo Alconada Mon, quien accedió a documentos que muestran vigilancia sobre personalidades del oficialismo y también de la oposición.
Entre las personas espiadas se encuentran el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional Máximo Kirchner, el ex ministro de Economía Sergio Massa, y también referentes de otros espacios como el radical Facundo Manes y el dirigente del PRO Néstor Grindetti. Todos habrían sido objeto de tareas de inteligencia por motivos políticos, según lo denunciado.
Previamente, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, habia adelantado en la habitual conferencia de prensa de los lunes en Gobernación, que el gobierno provincial analizaba la posibilidad de presentar una denuncia penal por espionaje ilegal realizado por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) contra funcionarios y dirigentes políticos. “Estamos analizando realizar una denuncia penal por las tareas de espionaje ilegal”, declaró Bianco.
El ministro calificó esta práctica como “una violación flagrante” de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, en particular del artículo 4°, que prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, funciones policiales o almacenar información sobre personas por sus opiniones políticas o actividades lícitas.
“La ley es clara en cuanto a las limitaciones del accionar de los servicios de inteligencia, y lo que expone este informe es de una gravedad institucional enorme”, remarcó el funcionario.
