¿Desregular o desguazar? La diferencia se paga con vidas

Pocas instituciones han sido tan fundamentales para el cuidado de nuestra salud pública como la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Creada en 1992 como respuesta a una necesidad urgente de protegernos de productos peligrosos, la ANMAT ha sido desde entonces la barrera más importante entre, por un lado, los laboratorios y las industrias alimentarias, y por el otro, la salud de la población. Hoy, ese muro de contención está siendo derribado.

El reciente decreto que desregula la obligación de contar con la aprobación de la ANMAT para ciertos productos que ingresan al país marca un antes y un después. Bajo el discurso de la “simplificación” y la “libertad de mercado” se habilita a que suplementos, cosméticos, alimentos y dispositivos médicos entren a Argentina sin pasar por el organismo que verifica si lo que dicen contener es realmente lo que contienen, o si cumplen con los estándares internacionales de seguridad.

¿Por qué se creó la ANMAT?

A fines de los años ochenta y principios de los noventa, Argentina enfrentó una serie de escándalos sanitarios que hicieron evidente la necesidad de un organismo estatal autónomo que controlara y regulara medicamentos y productos de consumo. Uno de los casos más recordados fue el del “propóleo milagroso”, que se comercializaba como curativo para el sida, sin evidencia científica y con efectos secundarios graves.

La creación de la ANMAT fue una decisión sanitaria, producto de la evidencia: sin control, el mercado ofrece lo que vende, no siempre lo que cuida. Y en muchos casos, lo que vendía y vende es de alto riesgo para la salud de los consumidores.

Gracias a la ANMAT se retiraron del mercado medicamentos contaminados, se prohibieron productos cosméticos con plomo, se retiraron alimentos en mal estado y se evitó que suplementos importados con sustancias prohibidas en otros países llegaran a nuestras estanterías.

El caso del fentanilo: un ejemplo del riesgo que acecha

En los últimos meses, América Latina comenzó a registrar muertes por consumo de drogas adulteradas con fentanilo, una sustancia opioide 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina. México, Colombia y Brasil ya enfrentan esta amenaza. En Argentina, ya hubo muertes y alertas sanitarias por drogas contaminadas, como ocurrió en 2022 con la cocaína adulterada en Puerta 8, y recientemente con casos en Rosario.

El ingreso y circulación de sustancias sintéticas no controladas puede multiplicarse si se eliminan los filtros regulatorios. El fentanilo, muchas veces fabricado en laboratorios clandestinos y vendido como si fuera otro producto, puede entrar al país camuflado como medicamento, suplemento o compuesto importados sin registrar. Sin la intervención de ANMAT, nadie verifica qué es realmente lo que llega.

La diferencia entre una píldora legal y una trampa mortal es, muchas veces, una etiqueta mal impresa, una fórmula no declarada o un ingreso sin control.

¿Quién gana y quién pierde?

Los únicos que se benefician con la desregulación sanitaria son aquellos que antes eran sancionados: empresas que venden productos no aprobados, marcas que mienten en sus etiquetas, importadores que buscaban saltarse los controles: Los que lucran con la ignorancia o la desesperación ajena.

Todos los demás perdemos. Especialmente los más vulnerables: quien no tiene acceso a información médica de calidad, quien compra lo más barato que consigue, quien cree que “si se vende en la góndola, debe ser seguro”.

El desmantelamiento de la ANMAT es una amenaza concreta a la salud pública y debe ser tratado como tal. La urgencia es tan determinante como cuando fue creada.