18 de julio: Enrique Angelelli, el obispo que selló con su vida el compromiso junto a los más necesitados

Un día como hoy, pero de 1923, nacía Enrique Ángel Angelelli Carletti, obispo argentino asesinado durante la última dictadura militar, declarado mártir y beato. Fue el primer hijo de la humilde pareja formada por Angelina Carletti y Juan Angelelli. 

Nació en la zona de quintas del norte de la ciudad de Córdoba, donde actualmente se asientan los barrios La France y Las Margaritas. Cursó sus estudios primarios en la escuela Misiones. Tiempo después, su padre consiguió un puesto de trabajo como encargado de la quinta de las Hermanas Adoratrices españolas, en Villa Eucarística, por lo que la familia se mudó al sudeste de la ciudad, en cercanías del Camino a 60 cuadras. 

En 1938 ingresó al Seminario de Nuestra Señora de Loreto a los quince años. En 1944 realizó su práctica pastoral como integrante del grupo de Catecismo de Nuestra Señora de los Desamparados, en el Asilo de Ancianos San Vicente (actual parroquia del barrio Mauller). En 1947 fue enviado a culminar sus estudios de teología al Pontificio Colegio Pío Latino Americano de Roma. Dos años después fue ordenado presbítero, continuó sus estudios y en 1951 obtuvo la Licenciatura en Derecho Canónico, título otorgado por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Ese mismo año regresó a Córdoba y asumió el cargo de Vicario Cooperador en la Parroquia San José de Barrio Alto Alberdi, el de capellán del Hospital de Clínicas y fue designado Prosecretario de la Curia Arzobispal. En su periplo europeo había conocido al fundador de la Juventud Obrera Católica (JOC), el belga Joseph Cardijn, y a su movimiento. Imbuido de esa práctica cercana a los trabajadores, las trabajadoras y el movimiento sindical, en 1953 asumió como asesor de la JOC cordobesa con sede en la capilla de Cristo Obrero, en cuyo Hogar Sacerdotal se encontraban trabajadores, estudiantes y clérigos. 

Participó del equipo de redacción de la revista Notas de Pastoral Jocista, espacio desde el cual influyó para unir al movimiento de trabajadores dispersos por las persecuciones ejecutadas luego del golpe de Estado de 1955, y ayudó a crear una red de protección para los sindicalistas perseguidos. 

Al mismo tiempo, fue designado en la Dirección Central Catequística Arquidiocesana, se desempeñó como profesor de Derecho Canónico y Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor, y como profesor de Teología en el Instituto Lumen Christi. En 1960, el papa Juan XXIII lo nombró obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Córdoba. Seis días más tarde fue designado vicario general y, al poco tiempo, asumió como arcediano (el diácono encargado de administrar la diócesis) del venerable cabildo eclesiástico de la iglesia catedral. 

Esa carrera jerárquica dentro de la Iglesia la recorrió sin renunciar a su opción pública por los pobres. Participó de la primera, tercera y cuarta sesión del Concilio Vaticano II, que implicaron tomas de posición y enfrentamientos con los sectores más conservadores de la institución. Apoyó la lucha de los trabajadores mecánicos y municipales, y convocó a campañas de solidaridad que mitigaran el hambre y el abandono de los que no tenían nada. 

En 1965 firmó, junto a otros 42 obispos, el histórico “Pacto de las Catacumbas”, un documento que propugnaba una acción eclesiástica en unión con los pobres, mediante un estilo de vida sencillo y la renuncia a los símbolos de poder. El acuerdo fue tomado como uno de los antecedentes públicos de la Teología de la Liberación, corriente que se desarrollaría con fuerza en América Latina. Esta actuación derivó en su desafectación del gobierno eclesiástico de la provincia. 

Ya en esa época lo acompañaban tres características identitarias muy singulares: su precoz calvicie, su moto Puma de segunda serie con la que se trasladaba por la diócesis y su presencia los domingos en la cancha de Instituto Atlético Central Córdoba. Su presencia cercana y su compromiso eran proporcionales al reconocimiento de muchos cordobeses y cordobesas que luchaban por una sociedad más justa. 

A finales de 1965 fue restituido como obispo auxiliar y en 1966 fue designado vicepresidente de la Comisión Episcopal encargada de elaborar el primer Plan Nacional de Pastoral. Fue el principal responsable de la pastoral popular, dirigiendo sus deliberaciones y reuniones ejecutivas. 

No obstante, algunos sectores poderosos de la curia le habían diagramado un futuro más cercano al ostracismo. En julio de 1968 fue designado obispo de La Rioja, una diócesis más pequeña y lejana. De entrada marcó su impronta; su escudo episcopal sintetizaba su acción futura: “Justicia y Paz”. Desplegó una acción inmediata, firme y comprometida: convocó a la corresponsabilidad de sacerdotes, religiosas y laicos, potenció la religiosidad popular como marca identitaria de los desposeídos, promovió la creación de sindicatos mineros, de trabajadoras rurales y de empleadas de casas de familia, y fomentó la creación de cooperativas de campesinos y campesinas. 

Bajo este modelo de pastoral, se convirtió en un símbolo popular y, nuevamente, en una "piedra en el zapato" para los sectores concentrados. Se enfrentó a los terratenientes, a los grandes comerciantes y al poder político provincial. En 1973, el gobernador riojano de aquel entonces, Carlos Menem, retiró el apoyo a las cooperativas, ante lo cual Angelelli declaró un interdicto temporal sobre el mandatario y sus socios en el poder.

La Iglesia nacional tuvo que intervenir. El obispo ofreció su renuncia y exigió que el papa Pablo VI lo ratificara o le retirara su confianza. La Santa Sede envió auditores, quienes se encontraron con un apoyo mayoritario de los sacerdotes de la diócesis y un diagnóstico homogéneo: "los poderosos manipulaban la fe para preservar una situación de injusticia y opresión del pueblo y para tomar ventaja de la mano de obra barata, mal pagada". Tras el informe, Angelelli fue confirmado y alentado en su servicio. 

La situación de enfrentamiento con el poder político y empresario no mejoró en los años siguientes. A nivel nacional ya actuaba la Triple A (que lo había incluido en su lista negra) y la intervención desatada por las fuerzas armadas, con anuencia política, creció de manera exponencial. En el norte argentino, la represión y el hostigamiento a dirigentes populares fueron sostenidos y brutales.

El 12 de febrero de 1976, el vicario de la diócesis de La Rioja y dos miembros de un movimiento social fueron detenidos por los militares. El 24 de marzo se consumó el golpe de Estado contra el gobierno constitucional y las condiciones de seguridad empeoraron críticamente. El coronel Osvaldo Pérez Battaglia fue nombrado interventor de La Rioja. Fueron meses espesos. El 18 de julio fueron secuestrados y asesinados los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias en la localidad de Chamical. Al día siguiente, ejecutaron al dirigente cooperativista laico Wenceslao Pedernera en Sañogasta, delante de su esposa e hijas. 

Angelelli viajó a Chamical a celebrar una misa, pronunciar una homilía y reunir pruebas de los asesinatos para enviar un informe detallado sobre lo sucedido al Vaticano. El 4 de agosto de 1976 retornaba por la ruta 38 en una camioneta Fiat 125 junto al vicario episcopal, Arturo Pinto. Llevaban tres carpetas repletas de testimonios incriminatorios contra los asesinos.

Durante el trayecto, el vehículo fue seguido de cerca por otro automóvil. El obispo, al mando del volante, aceleró para intentar distanciarse. Al llegar a Punta de los Llanos, se les atravesó un Peugeot 404 de color claro que los encerró hasta hacerlos volcar. El obispo Angelelli salió despedido de la camioneta y su cabeza golpeó fuertemente contra el asfalto, provocándole una muerte inmediata al destrozarle la nuca. Pinto quedó gravemente herido, pero sobrevivió. El cuerpo de Angelelli permaneció tendido en la ruta durante seis horas. Las carpetas con las pruebas y la camioneta desaparecieron de la escena. El caso fue cerrado apresuradamente por la policía y la justicia provincial como un “accidente de tránsito”.

Décadas más tarde se pudo reconstruir la trama criminal y la causa fue reabierta. En 1986, el juez Aldo Morales resolvió que la muerte del obispo había sido un “homicidio fríamente premeditado y esperado por la víctima”. A pesar de las dilaciones judiciales posteriores, en 2006 la investigación se reactivó y en 2010 se constituyeron en querellantes ante el Juzgado Federal de La Rioja el Centro Tiempo Latinoamericano de Córdoba, la sobrina de monseñor Angelelli, María Elena Coseano, el Obispado de La Rioja, las secretarías de Derechos Humanos de la Provincia y de la Nación, y Arturo Pinto como víctima sobreviviente.

Finalmente, el 4 de julio de 2014, los exmilitares Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a cadena perpetua por el crimen de Enrique Angelelli, en calidad de autores intelectuales. Los otros acusados de la causa (Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Romero y Albano Harguindeguy) fallecieron antes de que se dictara la sentencia.

Fue un largo camino transitado para que se hiciera justicia sobre un hecho que, en La Rioja, casi todos conocían desde el primer día.

¡Salud, “Pelado” Angelelli! Por su integridad, por su opción permanente al lado de los pobres y de los perseguidos, por un martirio que no fue en vano y por un ejemplo que continúa iluminando.

Ruben Ruiz - El Pelícano