El “ICE de Argentina” empezó con operativos en La Matanza

El primer operativo de control migratorio del gobierno de Javier Milei en el conurbano bonaerense tuvo lugar en Villa Celina, partido de La Matanza. El saldo oficial fue la detección de 16 ciudadanos extranjeros en situación irregular sobre un total de 385 personas controladas. Sin expulsiones inmediatas, pero con intimaciones formales para regularizar documentación bajo amenaza de deportación, el procedimiento marcó algo más que un operativo administrativo: fue el debut práctico de un nuevo paradigma migratorio, con un fuerte contenido simbólico y político.

El despliegue —realizado por la Dirección Nacional de Migraciones junto a la Policía Federal Argentina— incluyó equipamiento biométrico portátil y controles en la vía pública. Desde el Gobierno se lo presentó como parte de una política de “ordenamiento” largamente postergada. Sin embargo, el encuadre elegido y el contexto internacional en el que se inscribe despiertan alertas: la escena evocó, en versión local, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, un organismo hoy fuertemente cuestionado por prácticas abusivas y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Un operativo menor, una señal mayor

Los números duros relativizan el impacto real del procedimiento: 16 casos irregulares sobre casi 400 controles. No hubo allanamientos ni detenciones, y los propios comunicados oficiales aclararon que se trató de intimaciones administrativas. Aun así, el operativo fue amplificado como un hito político, más cercano a un mensaje de disciplinamiento que a una acción de alto impacto en términos migratorios.

La elección del territorio tampoco fue neutra. La Matanza, distrito históricamente estigmatizado y asociado en el discurso oficial a inseguridad y “desorden”, funcionó como escenario ideal para reforzar la narrativa de control, aun cuando los datos no respaldan la idea de una “emergencia migratoria”.

Valenzuela, el rostro del giro securitario

Detrás de este viraje aparece con claridad una figura: Diego Valenzuela. Intendente de Tres de Febrero con licencia, senador bonaerense también con licencia y ahora virtual titular de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Migratoria, Valenzuela encarna la traducción política del modelo migratorio que Milei busca importar.

Su designación no es técnica ni casual. Valenzuela mantiene una estrecha relación personal e ideológica con el Presidente, a quien acompañó incluso en su ruptura con el PRO para incorporarse formalmente a La Libertad Avanza. El cargo al que accede —creado por decreto y con fuerte visibilidad pública— le permite posicionarse como garante del orden y operador clave del discurso de seguridad, con proyección política propia.

No es un dato menor que haya pedido doble licencia: primero como intendente y luego como senador provincial. La banca legislativa quedó en suspenso frente a una función ejecutiva de mayor exposición, en un movimiento que muchos leen como parte de una estrategia personal de acumulación de poder, con la mira puesta en una futura candidatura provincial.

De la integración a la sospecha

El cambio estructural que impulsa el Gobierno va más allá de un operativo puntual. La migración deja de ser abordada desde una lógica de integración regional y derechos, para pasar a ser tratada como un problema de seguridad. El traslado del área desde el Ministerio del Interior al de Seguridad, en articulación con Patricia Bullrich, confirma ese viraje.

Expertos advierten que este enfoque, inspirado en el modelo estadounidense, no ha demostrado eficacia real para reducir delitos, pero sí ha generado conflictos sociales, judiciales y diplomáticos. En Estados Unidos, el accionar del ICE motivó protestas masivas y hasta huelgas generales, como la ocurrida recientemente en Minneapolis.

El operativo de Villa Celina deja una pregunta abierta: ¿se trata de una política pública orientada a resolver un problema concreto o de un gesto político destinado a reforzar un relato? Con resultados numéricamente modestos, pero alto impacto comunicacional, la iniciativa parece más enfocada en construir enemigos internos que en fortalecer un sistema migratorio eficiente, transparente y respetuoso de derechos.

En ese esquema, Diego Valenzuela no es un actor secundario, sino el rostro visible de una estrategia que convierte la migración en herramienta de disputa política. El riesgo es conocido: cuando la seguridad se impone como único lente, la frontera entre control estatal y estigmatización social se vuelve cada vez más delgada.