El Ministro de Economía Pablo López afirmó que las transferencias nacionales interrumpidas y obras paralizadas representan USD 9.000 millones y que, de regularizarse, la Provincia no necesitaría recurrir a nuevo crédito.
Política BonaerenseAyer
Diario BonaerenseEl titular de la cartera de economía bonaerense alió al cruce de críticas sobre el pedido de endeudamiento de la PBA, con un argumento contundente: si el Estado nacional cumpliera con los fondos que le adeuda a la Provincia, no habría necesidad de tomar deuda.
Según el ministro, la cuantía autorizada por la ley de endeudamiento representa apenas un tercio de lo que —asegura— el Gobierno nacional le debe a la Provincia, una deuda que López cifra en unos USD 9.000 millones, producto de interrupción de transferencias obligatorias y obras abandonadas. A ello se sumaría una merma adicional por pérdida de recaudación derivada del derrumbe de la actividad económica, que —afirma— supera los USD 2.500 millones. Se trata, en sus cuentas, de un agujero de recursos para la PBA de casi USD 11.500 millones.
La acusación no es nueva ni menor: pone en el centro de la discusión la responsabilidad del Estado nacional sobre la suficiencia de recursos provinciales, y alimenta la tesis oficialista de que el endeudamiento bonaerense es, en gran parte, la consecuencia directa de una “asfixia fiscal” multilivel.
Desde la cartera bonaerense insisten en que la deuda de la Provincia —hoy bajo su administración— es “más sana” que cuando asumieron. Con respecto a esa afirmación, los datos oficiales al 31 de marzo de 2025 muestran un stock de deuda total de la PBA de AR$ 12.179.462 millones, equivalente a unos USD 11.340 millones.
Eso representa una baja del peso de la deuda sobre el Producto Bruto Geográfico —según el propio gobierno— del 9 % al 6 %. También se destaca una merma en la carga de intereses: del 8 % de los recursos en 2019 a menos del 3 % proyectado para 2026.
Además, la composición de la deuda habría cambiado: desde un fuerte predominio de obligaciones en moneda extranjera hacia un mayor financiamiento vía mercado local y organismos multilaterales.
Los argumentos
El argumento de López encuentra respaldo en varios indicadores.
La caída de las transferencias nacionales hacia las provincias: en noviembre de 2025 los recursos de origen nacional retrocedieron 5,1 % y la coparticipación 9,8 %, lo que tensiona más aún las finanzas provinciales.
Un contexto general de retracción económica y cierre de obras públicas: durante 2024 la inversión de capital en la Provincia se desplomó.
La gestión bonaerense afirma haber mantenido el gasto social, la obra pública y los servicios esenciales a pesar del cuadro adverso, gracias a su política financiera, presupuestaria y de endeudamiento responsable.
Pero en la cancha de los críticos surgen preguntas difíciles. Si bien el stock de deuda actual ronda los USD 11.300 millones, esto no desmiente que históricamente PBA haya acumulado deuda en moneda extranjera con vencimientos en plazos conflictivos.
La realidad macroeconómica —devaluación, inflación, recaudación en pesos, dólar creciente— puede agravar el costo real de esa deuda, especialmente para obligaciones en dólares o indexadas.
El reclamo de los recursos adeudados por Nación —por más legítimo que sea— no garantiza cuándo ni cómo se harán esos pagos. Mientras tanto, la Provincia debe cubrir sus necesidades presentes: salarios, servicios, obras, transferencias a municipios.
El nuevo endeudamiento y la pulseada legislativa
En ese contexto de “asfixia financiera”, el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura —y consiguió aprobación reciente— una solicitud de endeudamiento de hasta USD 3.685 millones, mediante emisión de Letras del Tesoro y créditos para administración central, empresas estatales y servicios públicos.
Ese esfuerzo busca asegurar el pago de vencimientos, mantener la inversión social, educativa, sanitaria y de infraestructura, y también crear un fondo para fortalecer la inversión municipal.
El oficialismo —representado por el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Economía— sostiene que esta decisión demuestra que la Provincia, aún en condiciones adversas, prioriza su responsabilidad frente a los ciudadanos, sosteniendo servicios y obras sin detonar su sostenibilidad fiscal.
En ese contexto, la narrativa oficial provincial busca consolidar una legitimidad política: no ven la deuda como una irresponsabilidad, sino como una consecuencia impuesta desde afuera; y el endeudamiento como una herramienta de supervivencia frente a una crisis inducida.
La defensa del pedido de crédito por parte del Gobierno bonaerense no es solo contable —ajustes, porcentajes, balances— sino también se apoya en una memoria de deudas nacionales incumplidas, en recortes federales y en la urgencia de sostener servicios vitales para millones de bonaerenses.
El debate no se reduce a números: pone en tensión el federalismo fiscal, el rol del Estado provincial frente al nacional, y hasta cuánta deuda —y riesgo— está dispuesto a asumir un gobierno para garantizar servicios básicos.
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La Legislatura aprobó el endeudamiento pedido por Axel Kicillof tras un acuerdo que incluyó cambios en el Banco Provincia, cargos para la oposición y un fondo de $350.000 millones para los municipios. El entendimiento destrabó semanas de negociación y garantiza recursos clave para 2026.
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