La Justicia ordenó restablecer las pensiones por discapacidad suspendidas

La Provincia valoró la resolución judicial y reafirmó su compromiso de acompañar a las personas afectadas.

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Tras la orden judicial que obliga al Gobierno Nacional a restituir las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) suspendidas durante los últimos meses, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destacó la decisión y reiteró su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

La medida, dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, dispone la restitución de todas las pensiones dadas de baja en el marco del Decreto 843/2024, el pago de los haberes retenidos y la suspensión de nuevas auditorías hasta que exista una sentencia definitiva. El fallo tiene alcance nacional y surge de una acción de amparo colectivo impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos.

La subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Bernarda Meglia, celebró la decisión y resaltó el trabajo articulado que permitió llegar a este resultado: “La lucha colectiva sirve”, expresó. En ese sentido, recordó que durante todo el proceso la Provincia acompañó a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones afectadas, brindando asesoramiento y contención frente a las suspensiones dispuestas por el Gobierno Nacional.

La cartera conducida por Andrés Larroque lleva adelante estas acciones a través de la Dirección de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, encabezada por Raúl Lucero, reafirmando el mandato del gobernador Axel Kicillof de proteger los derechos sociales y evitar retrocesos frente a políticas que profundizan la exclusión.

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Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la Nación (septiembre 2025), la Provincia cuenta con 270.067 titulares de PNC, de los cuales 940 casos fueron suspendidos. Para consultas o acompañamiento, las personas afectadas pueden comunicarse al correo [email protected].

La causa judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense junto con la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM) y otras entidades del sector, y se articuló con presentaciones de la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP.

También participaron la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, consolidando una acción conjunta en defensa de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad en todo el país.

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