La Provincia valoró la resolución judicial y reafirmó su compromiso de acompañar a las personas afectadas.
Actualidad27 de octubre de 2025
Diario Bonaerense
Tras la orden judicial que obliga al Gobierno Nacional a restituir las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) suspendidas durante los últimos meses, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destacó la decisión y reiteró su compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
La medida, dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, dispone la restitución de todas las pensiones dadas de baja en el marco del Decreto 843/2024, el pago de los haberes retenidos y la suspensión de nuevas auditorías hasta que exista una sentencia definitiva. El fallo tiene alcance nacional y surge de una acción de amparo colectivo impulsada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, junto a organizaciones sociales y de derechos humanos.
La subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Bernarda Meglia, celebró la decisión y resaltó el trabajo articulado que permitió llegar a este resultado: “La lucha colectiva sirve”, expresó. En ese sentido, recordó que durante todo el proceso la Provincia acompañó a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones afectadas, brindando asesoramiento y contención frente a las suspensiones dispuestas por el Gobierno Nacional.
La cartera conducida por Andrés Larroque lleva adelante estas acciones a través de la Dirección de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, encabezada por Raúl Lucero, reafirmando el mandato del gobernador Axel Kicillof de proteger los derechos sociales y evitar retrocesos frente a políticas que profundizan la exclusión.
Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la Nación (septiembre 2025), la Provincia cuenta con 270.067 titulares de PNC, de los cuales 940 casos fueron suspendidos. Para consultas o acompañamiento, las personas afectadas pueden comunicarse al correo [email protected].
La causa judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense junto con la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM) y otras entidades del sector, y se articuló con presentaciones de la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la UNLP.
También participaron la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos, consolidando una acción conjunta en defensa de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad en todo el país.
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