Fabio PerussichLa Lotería de la Provincia de Buenos Aires avanzó con una ofensiva judicial inédita: presentó denuncias formales contra 300 plataformas de apuestas online ilegales que operaban desde el exterior, con estructuras cambiantes y presuntas conexiones con lavado de dinero y evasión fiscal. La maniobra, encabezada por el presidente del organismo, Gonzalo Atanasof, busca frenar la proliferación de estos sitios y desmantelar una red delictiva con fuerte impacto en adolescentes.
Una red que se mueve desde paraísos fiscales
Las denuncias fueron radicadas en fiscalías especializadas de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, tras un extenso ciberpatrullaje del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Según la investigación, las plataformas migraban de dominio en dominio para evitar rastreos, alojaban servidores en Malta o Curazao y operaban desde el extranjero sin ningún tipo de regulación local.
Atanasof fue tajante: “No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”.
El organismo alertó sobre el acceso sin filtros que tienen los adolescentes a estos casinos y casas de apuestas clandestinas. “Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, advirtió el funcionario. Y añadió: “No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad”.
El fenómeno viene en crecimiento. Un informe provincial presentado a fines de 2024 reveló que dos de cada diez estudiantes bonaerenses de entre 12 y 19 años apostaron online al menos una vez. Entre quienes lo hicieron, el 19% duerme menos que antes, el 15% presenta irritabilidad y el 18% reconoce haber enfrentado problemas por deudas vinculadas al juego.
Reclamo al ENACOM y acciones coordinadas
Lotería bonaerense pidió formalmente al ENACOM que disponga el bloqueo inmediato de los sitios denunciados en todo el país. El objetivo es impedir su funcionamiento y cortar la expansión de una actividad que suele presentarse con estética profesional pero que no responde a ninguna normativa.
La ofensiva judicial se suma a otras 120 denuncias previas que ya derivaron en 50 allanamientos y en la desarticulación de varias organizaciones criminales. En paralelo, y junto a ALEA y Meta, se elevaron más de 100 reportes contra influencers que promocionaban apuestas ilegales en redes sociales como Instagram y Facebook.
Atanasof planteó que la persecución fragmentada no alcanza y pidió una estrategia nacional articulada: “Denunciar sitio por sitio es insuficiente. Necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”.
