Diario BonaerenseA menos de un mes de las elecciones legislativas provinciales en Buenos Aires, previstas para el 7 de septiembre, un explosivo expediente ingresado a la Junta Electoral bonaerense encendió las alarmas sobre la transparencia en la confección de listas. La denuncia, presentada por Viviana Aguirre a través del abogado Lucas Adrián Carril, apunta a dirigentes del frente “Unión y Libertad”, liderado por el senador Carlos Kikuchi, por presuntas maniobras que incluyen falsificación de firmas, alteración de nóminas y hasta la venta de candidaturas.
Según el escrito, Aguirre comenzó a trabajar en febrero en el armado de la alianza —que inicialmente se llamaba “Unión, Renovación y Fe” y luego pasó a “Unión y Libertad”— realizando tareas políticas, trasladando personas para completar listas y participando en reuniones en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, el 3 de agosto grabó su spot como segunda candidata a diputada provincial por la sección capital, incurriendo en gastos personales y dejando su actividad laboral en segundo plano.
La sorpresa llegó días después, cuando al revisar la nómina oficial de la Junta Electoral descubrió que su nombre había sido reemplazado por otra persona sin previo aviso. Un episodio similar habría afectado a Micaela Abigail Barreto Bernal en Florencio Varela, quien firmó como primera candidata a concejal y terminó inscripta como segunda consejera escolar, hecho que la denunciante considera un caso de falsificación de documento público.
El expediente detalla otras irregularidades: el uso de lapiceras con tinta borrable para manipular adhesiones y avales, y la supuesta “venta” de cargos por parte del apoderado de la lista, Juan Del Oso. Aguirre señala además la presunta participación de Kikuchi y de Carlos Provasi, del Partido Federal, en estas maniobras. También denunció que se obligó a los postulantes a cambiar sus perfiles en redes sociales para difundir la marca “Unión y Libertad”.
En su pedido, Aguirre reclama la inhabilitación de las candidaturas cuestionadas y que el caso sea remitido a la Justicia Penal para abrir una investigación preparatoria (IPP). Los delitos mencionados en la denuncia incluyen falsificación de documento público y privado (artículos 292 y 296 del Código Penal) y estafa (artículo 172), con posibles agravantes por la intervención de funcionarios públicos.
