Fabio PerussichLa disputa por los fondos nacionales destinados al transporte público sumó un nuevo capítulo judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en la demanda presentada por el gobierno de Axel Kicillof contra la administración de Javier Milei por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, una decisión que profundizó las diferencias entre ambas administraciones y trasladó a los tribunales una discusión sobre la distribución de los recursos federales.
El máximo tribunal reconoció su competencia para intervenir en el conflicto y dispuso que el Estado nacional cuente con un plazo de 60 días para contestar la demanda. Una vez cumplida esa instancia, o vencido el plazo establecido, los magistrados deberán pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la Provincia, que pretende recuperar las transferencias interrumpidas y obtener el pago de los montos reclamados, junto con los intereses correspondientes.
Un recorte que terminó en los tribunales
El conflicto se originó en marzo de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024 la suspensión de las transferencias correspondientes al fondo, creado en 2018 por la Ley 27.467 con el objetivo de compensar los desequilibrios financieros de los sistemas de transporte público ubicados fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión formó parte de la política de reducción del gasto público impulsada por Milei y abrió una controversia con las administraciones provinciales, que denunciaron las consecuencias económicas del retiro del financiamiento nacional.
En su presentación, la gestión de Kicillof solicitó que se declare la invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica de la medida y cuestionó específicamente la constitucionalidad del artículo 18 del decreto que estableció el cese de las transferencias.
Los representantes bonaerenses sostuvieron que la eliminación del fondo provocó una “grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público”, al trasladar mayores costos hacia los gobiernos subnacionales y los pasajeros.
La demanda también cuestiona el procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo nacional para eliminar los recursos, al considerar que la decisión carece de los requisitos constitucionales necesarios y vulnera principios fundamentales del sistema federal argentino.
Según la posición provincial, el decreto afecta la legalidad, la división de poderes y la lealtad federal, al modificar unilateralmente un mecanismo de financiamiento que incidía directamente sobre los presupuestos provinciales.
