Diario Bonaerense
Un día como hoy, pero de 1979, comenzaba su visita en la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar las denuncias recibidas por desapariciones, ejecuciones, persecuciones y torturas que se perpetraban en el país como parte de un plan de exterminio. Las denuncias abarcaban casos desde 1975, pero el grueso estaba referido al período en que gobernó la dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre —donde también funcionaba la Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales— fueron organizaciones allanadas antes de la visita de la CIDH y vigiladas, como así también algunos partidos políticos que tenían un mínimo funcionamiento.
La CIDH se asentó en las oficinas de la Avenida de Mayo 760 que la OEA puso a su disposición y se comenzaron a formar filas interminables de personas con sus papeles, fotos o carpetas para denunciar los delitos. Los servicios de inteligencia también se apostaron frente a la sede y vigilaron en todo momento a los familiares y los movimientos de los miembros de la Comisión.
La dictadura machacaba con una publicidad que decía «Los argentinos somos derechos y humanos», trasladaba secuestrados a otros destinos y modificaba la estructura edilicia de la ESMA, mientras José María Muñoz convocaba a una concentración en el Obelisco para festejar la obtención del Campeonato Mundial Juvenil en Tokio. De poco sirvió. Una parte de la población vio públicamente el padecimiento de miles de personas pidiendo por sus familiares presos y desaparecidos y otra parte se fue enterando lentamente.
La CIDH recolectó 5.580 denuncias y visitó las cárceles de Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, la Unidad 9 de La Plata, Olmos, los centros militares de Magdalena y la Ribera en Córdoba; también visitó la cárcel de Córdoba, la Unidad 21 (Instituto de Resocialización), la Superintendencia de Seguridad Federal, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la comisaría 9.ª de La Plata.
El 20 de septiembre finalizó su visita. En noviembre de 1980 presentó un informe que constaba de 294 páginas ante la Asamblea General de la OEA. Sus conclusiones fueron demoledoras, contundentes. En su párrafo inicial decía:
«…la Comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.»
Después de esa visita y del informe, se fue develando el accionar represivo de ese extenso y oscuro período vivido en la Argentina. Se empezaban a publicar evidencias. No alcanzaban las manos manchadas de sangre para tapar el sol. Es cierto: tuvimos que padecer cuatro años más de dictadura, pero el silencio ya no fue salud. El murmullo empezó a ser voz y grito. Los desaparecidos ya no eran personas que no estaban, como querían los dictadores. Los presos, los perseguidos y los cesanteados respiraron otro aire. Nada definitivo, pero el viento empezó a soplar para otro lado. Y se construyó una mayoría que, aún hoy, pide Verdad y Justicia…
También un día como hoy, pero de 1930, se produjo el golpe militar que derrocó al presidente democráticamente electo Hipólito Yrigoyen. El primer golpe de Estado del siglo XX que abrió paso a la «década infame». Los líderes visibles del golpe fueron los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo, quienes estaban de acuerdo en derrocar a Yrigoyen, pero diferían en cómo administrar el poder. El primero quería derogar la Ley Sáenz Peña de sufragio universal, suspender la Constitución Nacional, suprimir las elecciones y prohibir los partidos políticos. El segundo quería un gobierno provisional, mantener un sistema de partidos políticos maquillado con las proscripciones que planteara el poder real, convocar a elecciones amañadas y apelar al fraude en caso de que fuera necesario para mantener las riendas del aparato del Estado. Había otra coincidencia fundamental: la subordinación de la República Argentina ante el Imperio británico, que se aplicó sin vacilaciones durante toda la década. ¡Unos tremendos nenes!
El crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 y la Gran Depresión posterior impactaron profundamente en los precios de las materias primas que producíamos, precipitaron el cierre de comercios e industrias y paralizaron la construcción. La debilidad del gobierno radical para reaccionar ante esos acontecimientos, sumada a su posición ambivalente ante los reclamos por la desocupación y la miseria crecientes, produjo una confusión importante en una parte de la población que no atinó a reaccionar ante el golpe militar.
Es más: actores relevantes de la historia política argentina e influyentes integrantes de la cultura popular y la opinión pública se autocriticaron posteriormente por su posición de apoyo o neutralidad ante el golpe de Estado. Pero fue tarde. Hipólito Yrigoyen fue detenido en La Plata y enviado a la isla Martín García, y la ley marcial fue impuesta desde el 8 de septiembre de 1930 hasta junio de 1931. Otro nefasto período de nuestra historia contemporánea había comenzado y duraría largos trece años.
Hechos que movilizan nuestra memoria en momentos de confusión y búsqueda de soluciones mágicas o simplistas para salir del laberinto en el que estamos metidos hace mucho tiempo…
Ruben Ruiz - El Pelícano
