Diario Bonaerense
Un día como hoy, pero de 1975, se anunciaba un plan de ajuste drástico, antipopular y empobrecedor por parte del flamante ministro de Economía, el ingeniero industrial Celestino Rodrigo, quien había asumido dos días antes con el “paraguas” político del ministro de Bienestar Social, José López Rega (alias "el Brujo"): policía ascendido de oficio, integrante de la logia anticomunista “Propaganda Due”, aficionado al esoterismo y organizador de la banda paramilitar “Alianza Anticomunista Argentina”. En la memoria popular, este intento de plan económico quedó grabado para siempre como el “Rodrigazo”.
La presidencia de la Nación era ocupada por María Estela Martínez de Perón, quien había asumido el cargo luego de la muerte del general Juan Domingo Perón, ocurrida el 1º de julio de 1974. Una de sus primeras medidas políticas había sido cesantear al hasta ese momento ministro de Economía, José Ber Gelbard, quien había implementado (con un claro apoyo político del presidente fallecido) un efectivo Pacto Social que se sostuvo con éxito durante el primer año de gobierno peronista.
Gelbard había logrado bajar la inflación del 62 % al 17 %, con un nivel de desocupación menor al 3 % y de la pobreza en el 4 %, una recuperación del salario real del 13 %, una expansión gravitante de la actividad económica, un grado creciente de industrialización de materias primas, la construcción de infraestructura en el interior del país, el alcance de una balanza de pagos superavitaria en función de inmejorables precios internacionales y cosechas récord, y un acuerdo de aumento salarial general con posterior congelamiento de precios y salarios a dos años vista.
Efectivamente, ese plan previo se vio jaqueado por la crisis internacional del petróleo, el inmediato proteccionismo de las economías europeas, la reacción estadounidense furibunda ante la exportación de bienes argentinos a Cuba —que implicaba el rompimiento del bloqueo económico a la isla—, pero también por la pérdida de divisas, el atraso artificial del dólar y un creciente déficit fiscal. Luego de la renuncia de Gelbard, se verificó un incumplimiento empresario generalizado del congelamiento de precios, una reformulación imperfecta del pacto y un creciente estado de violencia política que impactaron de lleno sobre la eficacia inicial del acuerdo logrado con esfuerzo.
Ese rumbo económico iba a cambiar de forma abrupta con el “Rodrigazo”, anunciado por radio y televisión la noche del 4 de junio. El paquete de medidas a instalar constaba de aristas conocidas e inflamables: devaluación del peso argentino de hasta un 160 % (el dólar comercial trepó de $10 a $26, el financiero de $15 a $30 y se creó el dólar turista, que comenzó a cotizar a $45), aumento del 75 % en las tarifas de luz y gas, incremento del 180 % en los combustibles, del 50 % en el boleto de colectivos de pasajeros y de entre el 80 % y el 120 % en el pasaje de tren. Por supuesto, se imponía de forma paralela una limitación a los aumentos salariales que, tras meses de negociaciones paritarias, habían superado el 38 % en marzo y el 45 % en junio.
Su “objetivo público” era corregir los desequilibrios económicos e iniciar la liberalización de la economía argentina. Su objetivo oculto fue generar una enorme transferencia de ingresos hacia los sectores que componían el núcleo exportador del país y disciplinar a los millones de trabajadores y trabajadoras por medio de la regresión del salario y las amenazas de despidos masivos. Estuvo claro desde el inicio de este intento que se pretendía imponer un cambio estructural que implicaba el dominio social de la autorregulación del mercado y la finalización del desarrollo de políticas activas para el crecimiento nacional con participación de las mayorías populares.
Para la ejecución cotidiana de ese pretendido plan, se nombró como viceministro al banquero Eduardo Zinn, antiguo asesor económico de los dictadores Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse y, con posterioridad al golpe de Estado de 1976, asesor de José Alfredo Martínez de Hoz y diseñador de la Ley de Entidades Financieras que aún hoy padecemos. El primer efecto concreto de estas disposiciones fue que la inflación se disparó desde el 40 % registrado en 1974 al 335 % en 1975.
El rechazo de la clase trabajadora fue total. La exigencia de la homologación de los acuerdos paritarios por encima del tope establecido se volvió generalizada y la conflictividad social creció cotidianamente. Los sindicatos se movilizaban a la Casa Rosada con sus exigencias y rebotaban contra la negativa sistemática de Celestino Rodrigo y Eduardo Zinn. El desabastecimiento asomó de forma cruel y la inflación no se detuvo en ningún momento.
El 27 de junio se realizó una inmensa movilización de trabajadores y trabajadoras a la Plaza de Mayo repitiendo la exigencia: homologación de los aumentos paritarios firmados por encima del tope y renuncias inmediatas en el gabinete. El grito más escuchado esa tarde fue: “Isabel coraje, al brujo dale el raje”. Al caer la tarde, la conducción de la CGT se encaminó a la Quinta Presidencial de Olivos. Tras una reunión tensa y hermética, la presidenta llamó a los medios y, en presencia de la delegación sindical, les comunicó que al día siguiente daría su respuesta definitiva.
Efectivamente, el 28 de junio respondió, exigiendo al pueblo que meditara y eligiera qué camino quería tomar. Fue un discurso por cadena nacional que evidenció un alejamiento trágico de la realidad. El 1º de julio el gabinete en pleno renunció y se anunciaron los nombres de los nuevos ministeriables, pero se confirmaba en sus cargos a López Rega, Celestino Rodrigo y Oscar Ivanisevich. Los funcionarios más resistidos continuaban, y la distancia con las demandas de la calle era cada vez mayor.
Durante los días subsiguientes, la Cámara de Diputados interpeló al ministro de Economía, quien seguía defendiendo su plan imposible como si este no produjera semejante convulsión social. Fueron audiencias patéticas, casi felinescas.
Finalmente, el 7 de julio la CGT convocó a un paro nacional de 48 horas que tuvo un acatamiento total en todo el país. Al día siguiente, el ministro de Trabajo comunicó que el gobierno derogaba el decreto que limitaba las paritarias y anunciaba que accedía a reconocer los aumentos logrados por los trabajadores. Fue un anuncio tardío; la inflación ya había comenzado a corroer los salarios y los propios aumentos, pero además el enojo de las mayorías con el rumbo del gobierno era creciente.
El 11 de julio de 1975 se produjo la renuncia de José López Rega, el ministro más odiado por el pueblo argentino, quien se marchó del país bajo el disfraz diplomático de embajador itinerante. El pueblo trabajador jugó sus fichas, se sacó de encima a personajes nefastos y llenó las calles y las plazas en medio de una confusión generalizada, pero las contradicciones eran enormes y la falta de rumbo y conducción política resultaron devastadoras.
Seis días después renunció el aciago Celestino Rodrigo. El intento de instaurar el “imperio del mercado” había fracasado de manera rotunda, pero las consecuencias económicas fueron demasiado duras. La inflación se disparó, el precio del dólar subió estrepitosamente, la credibilidad en el peso argentino nunca más se recuperó plenamente y la debilidad política del gobierno se volvió irremontable. La historia posterior es bastante conocida.
El “Rodrigazo” constituyó un hecho perverso que no deberían olvidar quienes lo padecieron, y que debiera ser más conocido por las generaciones más jóvenes. De esa historia también venimos.
Ruben Ruiz - El Pelícano
