Diario BonaerenseUno de los proyectos está orientado a Magario, en su rol de presidenta de la Cámara alta, y solicita que precise si las autoridades del Senado tomaron conocimiento de los hechos, en qué fecha y qué acciones administrativas, disciplinarias o preventivas se dispusieron, incluidos eventuales sumarios, suspensiones o apartamientos de dos empleados imputados en la causa.
También requiere información sobre posibles denuncias penales, aportes de documentación a la Justicia, activación de protocolos internos y los motivos por los que la institución aún no se pronunció públicamente.
En los fundamentos, la iniciativa señala la “gravedad institucional” del caso y sostiene que, al tratarse de hechos denunciados en un edificio público de la ciudad, la situación tiene impacto directo en La Plata y compromete responsabilidades políticas de las autoridades legislativas.
El segundo pedido de informes está dirigido al intendente Alak y al secretario de Seguridad municipal, Diego Pepe. Allí se solicita que el Municipio informe si tomó conocimiento de las denuncias, si activó protocolos ante situaciones de violencia o vulneración de derechos y si puso a disposición de las presuntas víctimas equipos de asistencia psicológica, social o legal.
Además, se consulta sobre la articulación con organismos especializados, un eventual aporte de registros de cámaras de monitoreo urbano a la Justicia y la adopción de medidas preventivas en el entorno del Senado.
Las iniciativas se suman a un proyecto de ordenanza presentado por Morzone para crear una comisión especial investigadora y de enlace en el Concejo, con el objetivo de realizar seguimiento institucional sin interferir en la causa judicial.
