Diario BonaerenseQuién es realmente responsable del cierre masivo de pequeñas y medianas empresas en la Argentina? La pregunta volvió a instalarse con fuerza luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, responsabilizara públicamente a los intendentes por la quiebra de Pymes, en medio de una de las recesiones más profundas de los últimos años. Sin embargo, cuando se contrasta el discurso con los datos duros de la economía, la explicación oficial empieza a mostrar fisuras.
La polémica se desató a partir de un tuit de Adorni en el que relató una supuesta conversación con un empresario pyme que habría estado “al borde de fundirse” por una suba de la tasa municipal prevista para 2025. Según el funcionario, el municipio —que no fue identificado— le habría ofrecido una exención impositiva a cambio de que firmara una nota responsabilizando al presidente Javier Milei por su situación económica. El mensaje se viralizó rápidamente y se integró a la ofensiva discursiva del Gobierno nacional contra las tasas municipales.
Desde la Casa Rosada, el foco está puesto en gravámenes locales como la tasa vial a los combustibles o los cargos incluidos en las boletas de servicios públicos. La narrativa oficial insiste en que ese nivel de presión tributaria municipal sería uno de los principales factores que empujan a las Pymes al cierre. El problema es que los números disponibles no acompañan esa lectura.
Desde la asunción del actual Gobierno nacional, desaparecieron más de 22.400 empresas en todo el país. El fenómeno no responde a un caso aislado ni a una coyuntura puntual: entre septiembre de 2023 y septiembre de 2025, el cierre de unidades productivas impactó con fuerza en sectores clave como transporte y almacenamiento, que perdió 5.473 empresas, y la industria manufacturera, donde cerraron 2.035 firmas.
La provincia de Buenos Aires concentra buena parte de ese deterioro. Solo en 2025 cerraron cerca de 9.000 Pymes y se destruyeron más de 100.000 puestos de trabajo formales. Además, el distrito lideró los conflictos laborales del país, con 168 casos registrados, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Lejos de tratarse de un problema administrativo local, el escenario muestra una crisis productiva de alcance estructural.
Textiles, metalúrgicas, automotrices, constructoras, papeleras y alimenticias aparecen entre los sectores más golpeados. Reducción de turnos, plantas paralizadas y cierres definitivos se repiten con un mismo patrón: caída del consumo interno, suba de costos, apertura de importaciones y pérdida de competitividad frente a productos del exterior.
Los indicadores industriales refuerzan ese diagnóstico. Entre enero y octubre de 2025, el Índice de Producción Industrial cayó 9% en comparación con el mismo período de 2023. Algunos rubros registraron desplomes mucho más profundos, como productos minerales no metálicos (-22,6%), metalurgia (-22,4%) y textiles (-21,1%). En octubre, la capacidad instalada de la industria se ubicó en apenas 61%, el nivel más bajo desde la pandemia.
Las críticas a los dichos de Adorni no tardaron en llegar desde el territorio. El intendente de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, recordó que más del 70% de la presión tributaria que enfrentan las empresas es de origen nacional, más del 20% provincial y menos del 10% municipal. Además, cuestionó el deterioro de las rutas nacionales y la continuidad de las retenciones al campo, factores que también inciden en los costos y la actividad económica.
En redes sociales, el debate sumó un tono irónico. Muchos usuarios remarcaron que el cierre masivo de Pymes se aceleró a partir de diciembre de 2023, en paralelo con las políticas de ajuste, la contracción del mercado interno y la liberalización de importaciones. La pregunta inicial sigue abierta, pero los datos ofrecen una pista clara: la crisis productiva es profunda, transversal y difícilmente pueda explicarse únicamente por una tasa municipal.
