Diario BonaerenseEl Gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones laborales de repartidores y choferes que trabajan para plataformas digitales. La iniciativa, que se encuentra en etapa de redacción, busca cubrir un vacío normativo y otorgar derechos básicos a un sector que creció de manera exponencial en los últimos años, pero que continúa mayormente desprotegido.
La propuesta es promovida por la gestión del gobernador Axel Kicillof a través del Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, y se elabora de forma transversal con la intervención de distintos organismos provinciales. El objetivo central es reforzar el rol del Estado en el control, la prevención de riesgos y la protección de quienes desarrollan tareas bajo esquemas de empleo digital.
Un vacío legal y críticas al modelo nacional
Desde la cartera laboral provincial señalan que, mientras en el plano internacional se discute activamente la regulación del trabajo en plataformas —con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizando estándares y mecanismos de protección—, en la Argentina aún no existe una ley nacional que contemple esta modalidad laboral.
En ese contexto, el Gobierno bonaerense cuestiona el enfoque del Ejecutivo nacional, al considerar que promueve un modelo que deja a miles de trabajadores por fuera de derechos laborales elementales, como la cobertura ante accidentes, la seguridad en el trabajo y el control de las condiciones en las que se presta el servicio.
Los tres pilares del proyecto
El proyecto provincial se estructura en torno a tres ejes principales. El primero es el fortalecimiento de las inspecciones laborales, con especial atención en las denominadas “tiendas invisibles”. Se trata de establecimientos que operan a puertas cerradas y donde se realizan tareas de venta, almacenamiento, armado y despacho de productos comercializados a través de aplicaciones. Estos espacios deberán ajustarse plenamente a la legislación laboral vigente y quedarán bajo la órbita de control del Ministerio de Trabajo.
El segundo eje está vinculado a la salud y la seguridad laboral. La iniciativa contempla obligaciones específicas para las empresas, tanto respecto de quienes trabajan dentro de estos centros como de los repartidores que realizan tareas en la vía pública, muchas veces sin acceso a condiciones mínimas de descanso, higiene o protección.
El tercer punto central es la creación de herramientas de asistencia y acompañamiento, entre ellas una aplicación móvil oficial destinada a los trabajadores de plataformas.
Seguro obligatorio y responsabilidades empresariales
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la obligación para las empresas de contratar, a su exclusivo cargo, un seguro de accidentes personales para los trabajadores. La cobertura deberá contemplar casos de muerte accidental, invalidez permanente y asistencia médica de emergencia.
Además, el texto avanza en la definición de responsabilidades empresariales en materia de salud y seguridad laboral y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, competencias que corresponden al ámbito provincial.
La iniciativa también prevé, en articulación con municipios y empresas, la creación de paradores públicos y gratuitos para repartidores y choferes. Estos espacios estarán destinados a garantizar condiciones básicas durante la jornada laboral, como acceso a sanitarios, agua potable, áreas de descanso y lugares seguros para resguardar objetos personales y herramientas de trabajo.
Una aplicación con botón de pánico y asistencia
Otro de los puntos destacados es el desarrollo de una aplicación móvil oficial que funcionará como herramienta de apoyo cotidiano. Entre sus funciones se incluyen un botón de pánico ante situaciones de inseguridad, un botón de emergencia sanitaria para accidentes en la vía pública y el acceso a descuentos en insumos esenciales, como bicicletas, motos, cascos y repuestos.
La APP también ofrecerá asesoramiento gratuito sobre derechos laborales, seguros, licencias de conducir y trámites migratorios. Desde el Ministerio de Trabajo aclararon que no se busca crear nuevos circuitos burocráticos, sino aprovechar el uso habitual del celular para brindar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de riesgo.
Según remarcan desde el Gobierno provincial, el proyecto se inscribe en una política laboral que apunta a reforzar la presencia del Estado como garante de derechos y condiciones dignas de trabajo. La iniciativa busca poner el foco en un sector clave de la economía digital y avanzar hacia un esquema que combine innovación, control y protección para miles de trabajadores que hoy desarrollan sus tareas en un marco de alta precariedad.
