Diario Bonaerense
Las autoridades de Proyecto Sur Capital Miguel Molina, Stella Maris Maisonnave y José Luis Fabris reivindicaron el legado legislativo de Fernando “Pino” Solanas luego de que el Gobierno nacional reglamentara la aplicación de sanciones contra personas y empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina.
A través del Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció un procedimiento para agilizar la aplicación de la Ley 26.659 y designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como su autoridad de aplicación.
La medida también obliga a los organismos de la Administración Pública Nacional a informar posibles incumplimientos y exige declaraciones juradas relacionadas con el respeto de la ley para acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), así como para obtener permisos, concesiones o habilitaciones en materia hidrocarburífera.
La Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, fue sancionada en marzo de 2011 a partir de un proyecto presentado por el cineasta y dirigente político. Establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina únicamente pueden realizarse con la autorización de las autoridades nacionales.
Además, prohíbe que personas o empresas con actividad en el país participen de manera directa o indirecta en explotaciones no autorizadas o brinden asistencia comercial, financiera, logística, técnica o de asesoramiento a quienes las lleven adelante.
Entre las sanciones previstas se encuentra la inhabilitación para operar en la Argentina durante un plazo de entre cinco y veinte años. En caso de que las empresas involucradas posean concesiones hidrocarburíferas, estas también pueden ser revertidas al Estado nacional o a las provincias.
Desde Proyecto Sur Capital recordaron que Solanas no solo fue uno de los grandes referentes del cine argentino, sino también diputado, senador nacional, convencional constituyente y fundador de ese espacio político, social y cultural.
La organización destacó especialmente su compromiso con la defensa de los recursos naturales, la soberanía económica y los intereses nacionales. Para Solanas, la causa Malvinas no se limitaba al reclamo territorial, sino que estaba directamente relacionada con el control de las riquezas energéticas y naturales del Atlántico Sur.
También advirtió durante años sobre los riesgos ambientales de permitir la instalación de plataformas hidrocarburíferas sin fiscalización argentina e impulsó iniciativas para reconstruir una Marina Mercante nacional y fortalecer la presencia del país en sus espacios marítimos.
Proyecto Sur Capital sostuvo que la Ley 26.659 nació como una barrera jurídica frente a la exploración petrolera británica en las aguas cercanas a las Malvinas y remarcó que continúa siendo una herramienta central para sancionar a las compañías internacionales que operan en la zona sin autorización argentina.
En el comunicado firmado por Molina, Maisonnave y Fabris, el espacio cuestionó que la administración de Javier Milei recurra ahora a una norma impulsada por Solanas y calificó esa decisión como “un acto de claro oportunismo político”.
Las autoridades también recordaron los cuestionamientos que Solanas planteaba frente a lo que denominaba una “retórica inoperante” en torno a Malvinas. El dirigente sostenía que el reclamo argentino no podía limitarse a los discursos ante los organismos internacionales mientras las corporaciones vinculadas con el Reino Unido continuaran operando y realizando negocios en el territorio continental.
“Desde Proyecto Sur reivindicamos la vigencia de la Ley 26.659 – Pino Solanas, sosteniendo y reafirmando la continuidad de nuestras luchas por las causas de identidad, soberanía y defensa nacional”, concluyeron los firmantes.
