Fabio PerussichEl Ministerio de Seguridad flexibilizó el protocolo de actuación de las fuerzas federales para detectar amenazas en redes sociales. La medida apunta directamente al aumento de mensajes que alertan sobre posibles ataques en escuelas y otros espacios públicos que se registraron en los últimos meses.
A través de la Resolución 725/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Alejandra Monteoliva, el Gobierno modificó una normativa de 2024 que regulaba el monitoreo policial en sitios web abiertos.
El principio general sigue siendo el mismo: proteger los datos de niños, niñas y adolescentes. Por eso los agentes no pueden tratar información de menores ni seguir sus publicaciones sin orden judicial. Cuando detectan que un perfil es de un menor, deben cortar el monitoreo, dejarlo registrado y avisar a la autoridad correspondiente.
El cambio central está en las excepciones. La resolución suma un nuevo caso en el que se puede continuar con el rastreo: cuando existan indicios fundados de riesgo para la vida o integridad de otros menores. Esto incluye amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas o lugares de concurrencia pública. Y aplica tanto si el menor es víctima como si es presunto autor.
Antes, solo se podía seguir monitoreando ante riesgo de vida, desamparo, fuga, conductas suicidas o delitos en curso contra un menor. Ahora se incorpora la prevención de ataques masivos.
En todos los casos exceptuados, el personal policial deberá dejar por escrito los motivos y comunicarlo de inmediato a quien lleva la investigación.
Desde Seguridad justificaron la actualización por la necesidad de actuar en "situaciones de urgencia que, por su gravedad e inminencia, no admiten demora". La medida se enmarca en el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos 2025-2027 y en el programa FORCIC, creado el año pasado para reforzar la detección de delitos digitales.
La resolución ya está vigente desde su publicación este miércoles. El objetivo, según el texto oficial, es lograr una respuesta más ágil de las fuerzas sin dejar de lado las garantías que establece la Ley de Protección de Datos Personales para los menores.
