Alejandro Di BiasiEn principio, ya no se trata de exigir paritarias por encima del 1 por ciento, sino de una recomposición salarial ante la última suba inflacionaria del 3,7% que amenaza con repetirse, por lo menos, durante un trimestre.
En tanto, la Casa Rosada descarta los canales de diálogo con los sindicalistas, y redobla la apuesta con una reforma tanto laboral como previsional, donde iniciativas que son rechazadas de plano por la central obrera. Al mismo tiempo, el ministerio de Economía insistirá con ponerle un techo a los aumentos salariales, una de las herramientas preferidas, junto con el ajuste a los jubilados, de su supuesto revolucionario plan económico libertario.
Frente a este panorama, el consejo directivo de la CGT resolvió cambiar la fecha de la próxima movilización. Estaba prevista para el 1 de Mayo, Día del Trabajador, pero se adelantó al 30 de abril. La intención es no hacer una marcha en una jornada no laborable y empujar al Ejecutivo a recurrir al represivo despliegue del protocolo antipiquete creado por la ministra de (in)Seguridad Patricia Bullrich.
Según informaron los sindicalistas, las columnas de trabajadoras y trabajadores comenzarán a reunirse en distintos puntos de la ciudad a media mañana, para concentrarse a eso de las 14 horas y marchar al Monumento al Trabajo, ubicado en avenida Paseo Colón y avenida Independencia, a metros de la sede de la CGT. La protesta provocará la paralización de algunas actividades en forma parcial, en tanto el transporte funcionará con normalidad para facilitar el traslado a la marcha.
Fuentes gremiales explicaron que “no se trata de un paro, sino de una jornada de protesta”, aunque admitieron que algunas actividades, sobre todo el sector industrial, podría verse afectado para participar de la manifestación. A la jornada de protesta se sumarán las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) como así también organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y partidos políticos.
En cuanto a las demandas, decíamos que el acuerdo entre el FMI y el gobierno derivó en una devaluación que, veremos, hasta cuánto llega. En principio, la inflación de marzo del 3,7% ya provocó la reacción gremial, donde muchos dirigentes salieron a pedir una actualización para sostener el poder adquisitivo de los ingresos.
El ejemplo más claro es el de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que aceptó una suba del 1 por ciento e inmediatamente exigió una revisión. Su titular, Andrés Rodríguez, explicó que “el mismo día en que nos dan el aumento, sale el Índice de Precios al Consumidor (IPC), donde perdemos un 2,7% del poder de compra”. A esto se le suma la apertura de la importaciones de maquinaria de Estados Unidos, que significará un duro golpe para la ya afectada industria metalmecánica.
Terminada la marcha, los integrantes del consejo directivo recibirá en el histórico edificio de Azopardo a gobernadores, entre los que se espera la presencia de Axel Kifillof, con una doble lectura: Darle un tinte político a la protesta y respaldar al mandatario bonaerense en su disputa con la presidenta del PJ, Cristina Fernández de Kirchner. Los voceros advirtieron que el apoyo a Kicillof no será tan explícito, teniendo en cuenta que dirigentes como el bancario Sergio Palazzo o el canillita Omar Plaini, entre otros, vienen acompañando las decisiones de Cristina Fernández.
Las lecturas políticas serán utilizadas por el Ejecutivo para insistir con la “casta sindical”, terminología utilizada para cuestionar la legitimidad de la última huelga. El gobierno está convencido que los intentos por acercar posiciones con el sindicalismo “nunca pagaron”. Al contrario, fueron rechazadas tanto por el núcleo duro libertario como por eventuales adherentes
La CGT también abrirse otro frente de batalla en el Congreso. Anunciaron que solicitarán asistir a la reunión de la comisión de Legislación del Trabajo, para exponer su rechazo a los distintos proyectos que proponen cambios en la Ley de Asociaciones Sindicales y reformar tanto laborales como previsionales.
