Diario Bonaerense
Según advierten referentes de la industria, la normativa implica el fin de los principales recursos específicos que históricamente sostuvieron el Fondo de Fomento Cinematográfico, una herramienta clave para el desarrollo del cine nacional durante más de siete décadas.
La legislación establece que, desde 2028, dejarán de existir dos fuentes fundamentales de financiamiento:
A partir de ese momento, el INCAA dependerá exclusivamente de las partidas que le asigne el Presupuesto Nacional cada año, lo que genera incertidumbre en el sector.
Especialistas y trabajadores del ámbito audiovisual señalan que este cambio implica abandonar un modelo histórico de financiamiento con asignación específica, vigente —con interrupciones— desde 1948.
El esquema de fomento al cine argentino fue una política de Estado sostenida por distintos gobiernos a lo largo del tiempo. Incluso tras su eliminación durante la última dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla, fue restituido en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Durante décadas, este sistema permitió el desarrollo de la producción audiovisual nacional, generando empleo, fortaleciendo la identidad cultural y posicionando al cine argentino en el ámbito internacional.
La situación actual se origina en el proyecto de “Ley de Modernización Laboral” impulsado por el gobierno de Javier Milei, que incluía la eliminación total de estos fondos.
Si bien el texto original fue modificado en el Congreso tras la presión de diversos sectores, el resultado final mantiene la eliminación de los recursos destinados al cine a partir de 2028.
En ese proceso, participaron actores, directores, músicos y productores, además de organizaciones como el Espacio Audiovisual Nacional, que impulsaron campañas, presentaciones legislativas y movilizaciones para intentar frenar las medidas.
Desde el sector advierten que la nueva modalidad de financiamiento genera múltiples riesgos:
Además, señalan que el desarrollo de una película suele demandar más de un año, lo que vuelve clave contar con financiamiento asegurado desde el inicio.
Frente a este escenario, referentes del ámbito audiovisual plantean la necesidad de impulsar una nueva legislación que restituya los fondos antes de 2028.
Advierten que el margen de acción es limitado, ya que 2027 será un año electoral, lo que podría dificultar el tratamiento de iniciativas en el Congreso.
En ese contexto, crecen los llamados a la organización y movilización del sector para evitar lo que consideran un golpe estructural a la producción cultural argentina.
Fuente: Otros Cines - Julio Raffo
