Diario Bonaerense
En una decisión que reavivó el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad la ley que declaraba el estado de emergencia y catástrofe en los partidos bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras las graves inundaciones ocurridas en marzo pasado.
A través del Decreto 424/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el mandatario dejó sin efecto la Ley 27.790, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras legislativas, que preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para obras de infraestructura hídrica, subsidios, exenciones fiscales y líneas de crédito para damnificados.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumentó que la ley sancionada por el Congreso carece de fuente de financiamiento y genera un “aumento no previsto del gasto público”, lo cual —según sostiene el Ejecutivo— vulnera el equilibrio fiscal.
Además, la administración nacional justificó su decisión señalando que ya se encuentra vigente el Programa S.U.R. (Suplemento Único para la Reconstrucción), implementado por el decreto 238/2025, que habría canalizado asistencia directa a 37.546 personas en la región. También se citó la existencia de líneas de crédito del Banco Nación y un préstamo del BID como herramientas suficientes para atender la emergencia.
Otro de los argumentos utilizados en el veto fue que la ley incluía al partido de Coronel Rosales como área de desastre, cuando —según el Gobierno— no existe una validación técnica por parte del Servicio Meteorológico Nacional que justifique su inclusión.
El artículo final del decreto lleva las firmas del presidente Milei, del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Críticas desde el territorio
La decisión generó un inmediato rechazo por parte de legisladores y autoridades locales. El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (UxP), calificó el veto como “un acto de desprecio hacia una ciudad que sufrió una de las tragedias climáticas más graves de su historia”.
“El Gobierno nacional no solo desatiende el reclamo de miles de familias que aún no pudieron recuperar sus hogares, sino que también desconoce el trabajo conjunto que realizó el Congreso para aprobar una ley que surgió del consenso”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales.
La ciudad de Bahía Blanca vivió el pasado 7 de marzo una jornada trágica, cuando una tormenta de inusitada intensidad dejó un saldo de 17 personas fallecidas, cientos de evacuados, viviendas destruidas y severos daños en la infraestructura urbana y portuaria.
¿Y ahora?
Con el veto total firmado por el Ejecutivo, la ley queda sin efecto. Para que sea promulgada, el Congreso debería insistir con una nueva votación que obtenga dos tercios de los votos en ambas cámaras, un escenario que hoy parece difícil, aunque no imposible.
Mientras tanto, organizaciones vecinales y referentes sociales de la región convocaron a una asamblea en el Concejo Deliberante bahiense para debatir nuevas estrategias de reclamo.
