La justicia bonaerense de Junín opera causas judiciales

La Justicia de Junín volvió a quedar en offside en el expediente que investiga a Mario Alberto Derch por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. El 18 de agosto pasado, la Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires hizo lugar a un recurso de queja presentado por el abogado de la particular damnificada, el doctor José Luis Fabris, anuló la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín que había declarado prescripta la acción penal, y ordenó que el proceso continúe.

No es la primera vez que ocurre. Este mismo expediente ya había sido corregido por la Casación bonaerense luego de que el Juzgado de Garantías de Junín sobreseyera a Derch sin siquiera notificar al particular damnificado, una decisión que la propia Cámara juninense había ratificado. Aquella vez, el tribunal de alzada calificó lo actuado como un "proceso plagado de irregularidades" que vulneraba "el derecho de la víctima y el debido proceso". Dos años después, con otra integración y bajo otro argumento, la Cámara de Junín volvió a fallar a favor del acusado, y la Casación volvió a decirle que no.

Una acusación construida sobre el relato de una víctima

La causa se inició en abril de 2023, y sobre lo extensamente denunciado, el Ministerio Público Fiscal llegó a describir cuatro hechos distintos, ubicados entre 2006 y 2018, todos atribuidos al mismo autor y bajo el mismo patrón de sometimiento.

Pese a ese cuadro, la Cámara de Junín (voto del doctor Portiglia, al que adhirieron sin agregar fundamentos propios los doctores Beraza y Singla) resolvió el caso mirando apenas dos de esos cuatro episodios, los de 2006/2007 y 2014, y declaró que la acción penal estaba prescripta porque, tomados en forma aislada, cada hecho había superado individualmente el plazo legal. De los otros dos hechos, ocurridos en 2016 y 2018 y que también integraban la imputación, la Cámara directamente no dijo nada.

Para la Casación, ese silencio no es un detalle menor. En su voto, el juez Manuel Alberto Bouchoux (al que adhirió el juez Eduardo Mario Kohan) señaló que "se han omitido, sin

justificación alguna, sucesos expresamente denunciados por la víctima desde el inicio de la causa" y que la ausencia de una decisión sobre esos hechos "vulneró flagrantemente el derecho de la víctima a ser escuchada y a recibir una respuesta motivada". Más adelante, el fallo es todavía más duro: sostiene que "la falta de una respuesta jurisdiccional o fiscal fundada frente a una denuncia de delitos de índole sexual importa una denegación de justicia y configura un supuesto de violencia institucional que este Tribunal no puede convalidar".

Copiar y pegar en lugar de fundamentar

Un análisis previo de la resolución de Cámara, al que tuvo acceso esta redacción, había advertido que el voto de Portiglia se apoyaba casi por completo en la transcripción textual de un fallo de la Corte Suprema en la causa "Ilarraz" para cerrar, sin más, el planteo de la fiscalía y la querella sobre si los hechos constituían un delito continuado. La propia Cámara llegó a escribir que "agregar alguna consideración a lo que ha sido transcripto importaría un exceso incompatible con el principio de razonabilidad en la fundamentación de los fallos". El planteo central de la acusación, es decir si una sucesión de abusos contra la misma víctima y por el mismo autor durante doce años debía computarse como un único hecho continuado y no como episodios sueltos, quedó calificado de "abstracto" sin que ningún juez lo analizara.

El problema, señala ese mismo análisis, es que "Ilarraz" responde a una pregunta distinta: si el abuso sexual infantil puede equipararse a un delito de lesa humanidad para volverse imprescriptible. La Corte lo descartó por una razón de legalidad penal, pero nunca se pronunció sobre cuándo una repetición de abusos configura un delito continuado, que es exactamente lo que la querella le pedía a la Cámara de Junín que resolviera. Aplicar la conclusión de un precedente a una pregunta que ese precedente nunca hizo es, dice el informe, "dogmático y arbitrario".

La Casación, por su parte, fue terminante en un punto: la Cámara no puede seguir recortando el relato de la víctima para llegar más rápido a la prescripción.

Perspectiva de género, en el papel y en los hechos

El fallo de Bouchoux no se limita a la letra fría del Código Procesal. Cita expresamente la Convención de Belém do Pará y la CEDAW para recordar que, en casos de violencia sexual contra una mujer, los jueces tienen la obligación de resolver "con perspectiva de género" y con "debida diligencia reforzada", un estándar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos construyó en fallos como "Campo Algodonero" y que exige a fiscales y jueces investigar y juzgar sin fragmentar ni minimizar el relato de quien denuncia. La Casación fue clara al advertir que el Ministerio Público Fiscal, al mirar para otro lado con dos de los cuatro hechos denunciados, "fragmentó arbitrariamente el contexto de violencia".

Ese es, en definitiva, el patrón que se repite en Junín: una víctima que declara, que sostiene su relato durante más de tres años de proceso, y una estructura judicial local que dos veces consecutivas encontró la forma de cerrarle la puerta antes de discutir el fondo del asunto. Las dos veces, tuvo que intervenir un tribunal de La Plata para señalar lo mismo, que se estaba mirando el expediente con una lupa demasiado pequeña.