Un juez Federal ordenó al Gobierno reparar de forma urgente tres rutas nacionales en el sur de Santa Fe

El Juzgado Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado Nacional la reparación “inmediata y urgente” de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en el sur de Santa Fe.

El fallo fue dictado por el juez Aurelio Antonio Cuello Murúa tras un amparo presentado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad. El objetivo: garantizar la seguridad y la libre circulación ante el abandono de los corredores.

"Grave estado de deterioro" y riesgo vial
El magistrado dio por acreditado el incumplimiento de los deberes mínimos de conservación y mantenimiento. 

Sobre la Ruta 33, el fallo describe “importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos” que implican “un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios y usuarias”. 

Incluso la propia DNV había reconocido en una nota interna que “el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención”. Con ese diagnóstico se licitó la obra a Rovial S.A, pero solo se hicieron bacheos parciales y luego se paralizaron por falta de partidas presupuestarias. También hubo bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy que el juez consideró “insuficiente”.

Incumplimientos en rutas 7 y 8
La sentencia también apuntó contra Corredores Viales S.A., concesionaria de las rutas 7 y 8.

En la Ruta 7 sostuvo que no está acreditado que se hayan hecho “obras y/o tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo sobre la totalidad del tramo” en General López. 

En la Ruta 8, la DNV había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales. El juez remarcó que la empresa solo acreditó trabajos entre los kilómetros 359 y 362, algo que “no alcanza” para cubrir las necesidades de seguridad vial. Rechazó además el argumento de que sus obligaciones no incluían la repavimentación y aclaró que sí debía garantizar “la mejora, reparación y mantenimiento”.

El Estado no puede desligarse
Uno de los puntos centrales del fallo: el Estado Nacional no puede excusarse por el cambio de concesionarias o por la redistribución de competencias.

“Esa situación no podía convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios”, sostuvo Cuello Murúa. Por eso ordenó que la reparación la cumpla el Estado, ya sea a través de Vialidad, del organismo que la reemplace o de las concesionarias correspondientes.

El juez rechazó los planteos de falta de legitimación de Corredores Viales y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Derechos en juego
Para el magistrado, el mal estado de las rutas afecta derechos fundamentales: libre circulación, salud, vida y seguridad vial. Consideró que el deterioro es “un hecho público y notorio” para los habitantes de la región y que las pruebas del expediente evidencian la falta de acciones suficientes.

En la parte resolutiva ordenó la “inmediata y urgente reparación integral” de las rutas 33, 7 y 8 para lograr su “transitabilidad plena” en General López.

El fallo llega en medio de reclamos de intendentes, productores y transportistas del sur santafesino, en un contexto donde avanzan nuevas adjudicaciones dentro de la Red Federal de Concesiones.