
Tensión por Punta Mogotes: el municipio de General Pueyrredon no asistió a la reunión por el traspaso del complejo
Diario Bonaerense
El proceso de transferencia del complejo turístico Punta Mogotes a la órbita de la municipalidad de General Pueyrredon sumó un nuevo capítulo de conflicto político. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, informó que los funcionarios del gobierno que encabeza Guillermo Montenegro decidieron no presentarse a la reunión formal que había sido convocada en La Plata para iniciar las mesas de trabajo conjuntas.
El encuentro suspendido era el primer paso institucional tras el anuncio del gobernador Axel Kicillof de avanzar en un traspaso ordenado del emblemático balneario marplatense. Según detalló Costa, la provincia planificó que la transferencia final se perfeccione una vez concluidas una serie de obras de infraestructura consideradas indispensables para renovar el predio, cuyos contratos de concesión vigentes caducarán entre los meses de junio y septiembre de este año.
Para dicha renovación, la administración bonaerense, junto al Colegio de Arquitectos de la Provincia, ya definió los proyectos ganadores de un concurso de ideas y se prepara para el llamado a licitación pública de los trabajos. Desde el Ejecutivo provincial recalcaron que la participación técnica y política del municipio es "indispensable" para garantizar la transparencia y una visión compartida sobre el futuro del complejo turístico de cara a la próxima temporada invernal y estival.
Ante el faltazo, el ministro Costa responsabilizó directamente a las autoridades de General Pueyrredon por las demoras operativas que pueda sufrir el traspaso y criticó la estrategia de la comuna de dirimir la situación en los tribunales. "Elegir la vía judicial no es más que un recurso para confrontar, desligarse de las responsabilidades e impedir llegar a soluciones concretas en los plazos necesarios", sentenció el funcionario, ratificando la voluntad de la Provincia de asegurar los puestos de trabajo y otorgar certeza legal a los actuales concesionarios.


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