Diario BonaerenseEl ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, junto al subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pelegrini, y en articulación con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, presentaron una denuncia ante la Procuración General bonaerense. El objetivo es que se abra una investigación para identificar a los responsables de la organización, promoción e instigación de las múltiples amenazas que se registraron en más de 600 escuelas de la provincia en los últimos días.
Según detallaron los funcionarios, las pintadas y mensajes intimidatorios aparecieron en baños y paredes de distintos establecimientos educativos. La denuncia busca determinar si existió una estructura delictiva detrás de los hechos, ya sea mediante un esquema de intervención organizado o a través de acciones fragmentarias que se replicaron de forma espontánea. Los denunciantes remarcaron que el fenómeno generó preocupación en las comunidades escolares bonaerenses.
Mena y Alonso aclararon que las denuncias realizadas por los establecimientos educativos ya están siendo investigadas en los distintos Departamentos Judiciales. Sin embargo, la presentación ante la Procuración apunta a “instar una pesquisa que trascienda esas expresiones y se encamine a la dilucidación de la estructura delictiva que dio sustento a los sucesos que vienen teniendo en vilo a las comunidades escolares de nuestra Provincia”. El planteo busca unificar criterios y abordar el caso de manera integral.
La denuncia fue formulada desde una perspectiva de niñez y tomó como elemento de contexto principal el ataque ocurrido el 30 de marzo en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. A partir de ese hecho, comenzaron a registrarse de manera creciente amenazas en escuelas de la provincia de Buenos Aires y de otras jurisdicciones del país. El fenómeno escaló exponencialmente en los últimos días, según señalaron los funcionarios.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sostuvieron que es necesario establecer si los mensajes intimidatorios responden a una acción coordinada o si se trata de hechos aislados que se potenciaron a partir de la difusión. La presentación judicial busca que la Procuración determine el alcance de la situación y precise si hubo planificación previa, instigación o promoción de las amenazas en el ámbito escolar.
Los funcionarios indicaron que la reiteración de los hechos en cientos de escuelas obliga a profundizar la investigación más allá de los casos puntuales. Consideraron que la identificación de los responsables resulta clave para garantizar la seguridad en los establecimientos y llevar tranquilidad a las familias, docentes y alumnos. La denuncia quedó radicada en la Procuración General bonaerense para su análisis y eventual derivación.
Hasta el momento, no se informaron detenciones ni imputaciones vinculadas a las amenazas. La investigación deberá determinar el origen de las pintadas, los posibles autores materiales e intelectuales y si existió algún tipo de organización que haya impulsado los hechos en el sistema educativo provincial.
