Diario Bonaerense
El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, participó este martes de una contundente acción federal en la Ciudad de Buenos Aires para visibilizar la crítica situación que atraviesan las gestiones locales ante las políticas del Gobierno Nacional. Junto a más de 200 intendentes y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, elevaron un documento al ministro Luis Caputo detallando el impacto del desfinanciamiento en áreas sensibles como la salud, la infraestructura y el desarrollo productivo.
Durante la presentación, Sujarchuk fue tajante al señalar la contradicción oficialista sobre la presión impositiva: “¿Hablan de las tasas municipales, que implican menos del 3% de lo que se recauda en el país, mientras desfinancian el PAMI, no mandan vacunas y paralizan las rutas?”. Si bien coincidió en la necesidad del equilibrio fiscal, remarcó que el ajuste no puede recaer sobre los sectores más vulnerables y el aparato productivo.
El petitorio presentado expone datos alarmantes sobre la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de la infraestructura nacional:
Combustibles: Denuncian una suba del 542,7% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, cifra que duplica la inflación acumulada (292%) y la evolución salarial. Las autoridades exigen retrotraer los valores para evitar que el aumento de logística siga asfixiando a los municipios.
Infraestructura: Se advierte sobre la parálisis de 1.000 obras en la provincia de Buenos Aires y más de 2.000 a nivel nacional. El reclamo exige que los fondos recaudados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos se destinen efectivamente al mantenimiento de rutas, hoy en estado de abandono.
El documento detalla que el gasto público primario se redujo en 67.000 millones de dólares desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Esta caída impactó de lleno en las provincias, cuyas transferencias pasaron del 1,11% del PBI en 2023 a apenas el 0,19% en el último año.
En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, la deuda acumulada por parte de la Nación supera los $23 billones, cifra que contempla la interrupción de programas sanitarios y educativos, además de la caída de la coparticipación. Según los mandatarios, este retiro del Estado Nacional obliga a los municipios a absorber una carga operativa y social que desborda sus presupuestos locales.
La firma del petitorio destacó por la unidad de intendentes de diferentes extracciones partidarias, unidos por la preocupación ante la caída del consumo y el retroceso en los indicadores de empleo. "Estamos ante una situación de ahogo financiero que pone en riesgo servicios esenciales", concluyeron los referentes tras la presentación en el Ministerio de Economía, a la espera de una respuesta que revierta la tendencia de desinversión en el territorio bonaerense.
