Florencia Alamos
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, confirmó este lunes que AUBASA se presentó a la licitación de rutas nacionales y pidió la intervención de las defensorías del Pueblo como veedores para garantizar la transparencia del proceso.
Durante una conferencia de prensa realizada en la Gobernación, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el ministro Katopodis denunció irregularidades, advirtió sobre posibles “arbitrariedades” y cuestionó los cambios introducidos por la Nación en los pliegos.
Katopodis aseguró que el proceso licitatorio “está lejos de ser transparente e íntegro” y apuntó contra una serie de modificaciones introducidas por el Gobierno nacional, al tiempo que explicó que la empresa estatal AUBASA se presentó como oferente para la concesión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense, incluyendo las rutas 3, 205 y 226, y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri.
“AUBASA cumple con todos los requisitos exigidos y tiene la experiencia y la capacidad para llevar adelante estas obras”, sostuvo el ministro, quien remarcó que la firma cuenta con trayectoria en la gestión de corredores viales y presenta una propuesta técnica acorde a las exigencias del pliego.
El eje de la denuncia se centró en los cambios introducidos durante el proceso licitatorio. Según detalló, entre diciembre y febrero se emitieron al menos cuatro circulares que modificaron las condiciones originales, incluida una que incorporó nuevas exigencias técnicas y económico-financieras a pocos días del cierre. “El Gobierno nacional modificó las condiciones de la licitación a una semana del cierre, introduciendo nuevas exigencias. Es un proceso que presenta arbitrariedades”, afirmó.
En esa línea, advirtió que “se cambiaron las reglas de juego” en plazos exiguos, lo que obligó a las empresas a reformular sus ofertas y afectó la igualdad de condiciones entre oferentes.
Además, denunció un “trato desigual” en la evaluación y cuestionó objeciones realizadas a la experiencia técnica de AUBASA que, según la Provincia, “no se condicen con la realidad operativa”.
Frente a este escenario, Katopodis formalizó un pedido ante el Ministerio de Economía de la Nación para que intervengan la Defensoría del Pueblo de la Nación y la de la provincia de Buenos Aires. “El objetivo es garantizar que no haya arbitrariedad ni direccionamiento político en la adjudicación”, explicó, y alertó sobre una posible “desviación de poder” en el proceso.
El ministro también vinculó la situación con un “contexto de hostilidad política y financiera” hacia la Provincia y advirtió que una eventual exclusión de AUBASA sería “arbitraria y sin fundamento”. En ese sentido, subrayó que la empresa estatal “es superavitaria, reinvierte sus ingresos en obras y ofrece tarifas accesibles”.
En otro tramo, volvió a cuestionar la política vial del Gobierno nacional al señalar que “las rutas nacionales están abandonadas” y advirtió que el esquema de concesión podría derivar en “peajes más caros y dolarizados, sin obras”. “El abandono de las rutas y lo oscuro de esta licitación forman parte de un modelo para hacer negocios”, planteó.
Desde la Provincia advirtieron que dejar afuera a AUBASA podría impactar en la calidad del servicio y en sectores productivos y municipios que dependen de estos corredores. “Estamos hablando de rutas clave para la producción, el transporte y la seguridad vial. No podemos permitir que sigan deteriorándose”, sostuvo Katopodis.
Por su parte, Cuattromo se refirió a la situación económica y alertó sobre el aumento de la morosidad. “La morosidad bancaria llega al 11% y la no bancaria al 27%. Es un problema serio que refleja la caída del empleo y del salario”, señaló, al tiempo que anunció programas de refinanciación de deudas con plazos extendidos para familias y empresas.
“El primer bimestre se cuadruplicaron las acciones de refinanciación respecto de años anteriores. La gente está profundamente angustiada”, cerró el titular del Banco Provincia.
