Diario Bonaerense
La decisión unánime de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro de revocar la orden de desalojo de los trabajadores de la fábrica de neumáticos Fate representa mucho más que un triunfo gremial local. El fallo constituye un hito jurídico que el movimiento obrero organizado planea utilizar como punta de lanza en su resistencia contra la recientemente aprobada Ley de Modernización Laboral.
La medida deja sin efecto lo dispuesto el pasado 18 de febrero por el Juzgado de Garantías N°4. El cambio de rumbo judicial se produjo tras la apelación de Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, quien sostuvo que la ocupación de la planta no era un delito penal, sino una medida de acción directa enmarcada en la defensa de casi 1.000 puestos de trabajo.
Los camaristas fueron contundentes: la situación en Fate se enmarca en un conflicto vinculado a la estabilidad laboral y la huelga es una herramienta legítima reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Este argumento es, precisamente, el núcleo del amparo que la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó hace días para intentar frenar la reforma del Gobierno.
Para los magistrados, ordenar un desalojo mientras rige una conciliación obligatoria resultaría una "decisión prematura" que generaría un "gravamen irreparable" sobre derechos fundamentales.
La conducción de la central obrera no tardó en capitalizar el fallo. A través de sus canales oficiales, celebraron la resolución por reconocer que la protesta social no debe ser criminalizada cuando el trasfondo es la supervivencia del empleo.
Tras la entrada en vigencia de la nueva normativa laboral, la CGT radicó un recurso de amparo ante el Juzgado N°7 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, a cargo del juez Enrique Lavie Pico. Los argumentos centrales de la presentación cegetista, ahora reforzados por el caso Fate, incluyen:
Violación del Principio de Progresividad: Aseguran que la ley supone un retroceso en derechos ya adquiridos que no puede ser justificado.
Quiebre del Principio Protectorio: Denuncian que la reforma ignora la desigualdad estructural entre la empresa y el trabajador.
Afectación de la jornada: Alertan sobre la habilitación de jornadas de hasta 12 horas y la virtual eliminación del pago de horas extras.
Desfinanciamiento previsional: Cuestionan el cese de sanciones por falta de aportes y el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para pagar indemnizaciones en cuotas.
La estrategia de evitar el fuero laboral —donde los jueces podrían excusarse por el posible desmantelamiento de su propia jurisdicción— parece haber encontrado en el fuero contencioso y en este nuevo precedente penal de San Isidro el camino para cuestionar la constitucionalidad de la reforma.
Fuente: Nota original de Alejandro Di Biasi para iProfesional.
