Florencia Alamos
Tras semanas de negociaciones tensas, idas y vueltas en los recintos y discusiones internas dentro del propio oficialismo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof consiguió finalmente que la Legislatura aprobara la Ley de Financiamiento. La norma lo habilita a tomar deuda por u$s 3.635 millones, considerada la herramienta central para sostener áreas sensibles en un contexto de fuerte recorte de recursos nacionales.
El proyecto obtuvo primero media sanción en Diputados, pasada la 1:30 de la madrugada, con 62 votos afirmativos, apenas uno por encima del mínimo requerido. Minutos después, el Senado completó el trámite con 31 votos a favor, tras arduas conversaciones con bloques opositores que incluyeron radicales, el PRO, sectores libertarios y espacios vecinalistas.
El entendimiento se destrabó en las últimas horas gracias a un paquete de concesiones políticas que incluyó cambios en el Banco Provincia, nuevos cargos en organismos clave y la creación de un Fondo de Inversión Municipal de $350.000 millones, uno de los puntos más demandados por intendentes de todos los signos. Ese fondo, garantizado en $250.000 millones y distribuido en cinco cuotas durante el primer semestre de 2026, será asignado en un 70% según el CUD y en un 30% a programas provinciales para las comunas.
Uno de los acuerdos decisivos fue la reforma de la carta orgánica del BAPRO, que ampliará su directorio de ocho a nueve integrantes e incorporará un cuerpo de directores asociados y síndicos. La negociación repartió cargos entre el peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza, configurando un mapa político más amplio dentro de la entidad crediticia. También se cubrieron vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación y se designaron nuevos consejeros generales de educación.
Además del capítulo institucional, la ley autoriza al Ejecutivo provincial a refinanciar vencimientos por u$s 1.990 millones, ejecutar operaciones por u$s 1.045 millones en el sector público y permitir que empresas estatales (como AUBASA y Buenos Aires Energía) accedan a endeudamiento para obras e inversiones. También se habilita la emisión de Letras del Tesoro por hasta u$s 250 millones y créditos específicos para proyectos energéticos.
El Gobierno provincial justificó la medida señalando tres necesidades urgentes: afrontar compromisos en moneda extranjera que caducan en 2026, reactivar la obra pública paralizada por la administración nacional y cubrir áreas sensibles afectadas por la caída de transferencias federales.
El gobernador Kicillof sostuvo días antes que la demora legislativa configuraba una “asfixia financiera” y que la deuda es indispensable para proteger servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
La votación estuvo precedida por tensiones internas dentro de Unión por la Patria, que recién logró ordenarse esta semana tras acordar un esquema de conducción rotativa en la Cámara de Diputados entre La Cámpora y el massismo. Ese entendimiento interno permitió al oficialismo sentarse a negociar con la oposición sin frentes abiertos.
En la otra vereda, intendentes radicales y de distintos espacios también jugaron un rol clave al presionar por un acuerdo que garantizara previsibilidad a los municipios. En paralelo, gremios estatales se movilizaron a la Legislatura en defensa de la norma, argumentando que sin financiamiento se ponía en riesgo el funcionamiento de áreas críticas y el pago de salarios.
Con la aprobación de la Ley de Financiamiento, que completa el paquete económico 2026 junto al Presupuesto y la Ley Impositiva ya sancionados, Kicillof obtiene la herramienta que necesita para encarar un año con vencimientos exigentes y caída de recursos. Ahora, el Gobierno provincial necesitará el aval de la Nación para avanzar con la colocación de la deuda en los mercados internacionales.
